Contas alerta de dificultades en el acceso a la salud mental para mayores y personas sin recursos

La salud mental empeoró tras la pandemia, un hecho que ha venido acompañado de un incremento «sostenido» en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos entre los mayores de 75 años, el grupo infanto-juvenil y las mujeres. Sin embargo, el Consello de Contas alertó este martes de «la falta de equidad social y territorial» en el acceso a los recursos de salud mental en Galicia. Así, considera que existen limitaciones en la accesibilidad a estos servicios por parte de la tercera edad y de personas con pocos recursos. Y advierte que en las provincias de Lugo y Ourense hay menos medios que en las áreas urbanas. En una auditoría sobre los planes desplegados por el Sergas para atender estas dolencias, el órgano fiscalizador advierte que las listas de espera para una consulta han aumentado y recrimina a la Xunta que «no se dotaron los recursos económicos necesarios». Y aconseja contratar a más psiquiatras pues la ratio por habitante en Galicia está un 42% por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«La implantación del Plan de Saúde Mental presenta brechas en términos de equidad, sostenibilidad y eficacia. No se logró reducir las listas de espera y para las áreas sanitarias de Ourense y Lugo estos indicadores empeoraron de forma significativa, reflejando una falta de equidad territorial», concluye Contas en su informe. La Consellería de Sanidade trabaja ahora en la elaboración de un nuevo Plan de Saúde Mental, con el que prevé incrementar los recursos destinados a este ámbito.

Sin embargo, hasta ahora se ha gastado menos dinero del previsto en salud mental. Hasta 2023 la ejecución fue un 16% inferior a las partidas contempladas en el plan «pese a tener crédito dotado», según advierte el órgano fiscalizador. Esto, a juicio de Contas, provocó retrasos significativos en la contratación de personal y que no se ejecutaran proyectos cualificados como prioritarios.

Denuncia «inequidad territorial» por la menor dotación de recursos en Lugo y Ourense

En cuanto al personal, la OMS aconseja un ratio de 13-15 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Y en Galicia en 2019 se situaba en 8,7. El Plan de Saúde Mental preveía la incorporación de 241 nuevos profesionales. Pero a finales del pasado año, aunque se habían contratado cuatro psiquiatras más de lo previsto y dos psicólogos más, el número de enfermeros y técnicos auxiliares en enfermería se quedó por debajo de lo planificado (22 menos de lo contemplado en el plan), según la auditoría de Contas.

Y las listas de espera entre 2019 y 2023 aumentaron en todas las áreas sanitarias salvo en la de A Coruña-Cee (un 8% menos), Santiago-Barbanza (que se mantienen igual) y Pontevedra-Salnés (un 43% menos). Sin embargo, en Ferrol aumentó el tiempo de espera un 41%, en Lugo-Mariña Monforte el incremento llegó al 149% y en Ourense-Verín-O Barco fue del 214%.

Estos datos revelan para Contas «la desigualdad en la asignación de recursos por provincias». Pero no es el único problema de equidad: «persisten las desigualdades en la accesibilidad a los servicios, siendo especialmente significativo en las consultas para los mayores de la tercera edad».

El órgano fiscalizador también revela que los pacientes con rentas muy bajas —cuyos ingresos no proceden del trabajo sino de prestaciones— son los segundos mayores consumidores de ansiolíticos y antidepresivos, pero «son los que en menor grado acceden a las consultas», que copan los pacientes activos laboralmente. De hecho, Contas critica que el Plan de Saúde Mental no tiene en cuenta los factores socioeconómicos.

Ante este panorama, Contas recomienda al Sergas «priorizar el desarrollo de programas específicos para los colectivos más vulnerables como personas mayores, niños y adolescentes bajo un enfoque socioeconómico».

Y demanda la contratación de más personal especializado «especialmente en aquellas áreas en las que se detectaron desequilibrios territoriales». También pide que se continúe con la implantación de psicología clínica en Atención Primaria y garantizar el incremento de recursos económicos.