El BNG propone meter cláusulas sociales en la contratación y el PP lo rechaza

El PP rechazó este martes la propuesta de ley para la inclusión de cláusulas sociales y de igualdad en la contratación pública y en el régimen de ayudas y subvenciones al considerarla «una enmienda a la totalidad de la contratación pública» de la Xunta y porque entiende que la Administración autonómica ya promueve ese tipo de criterios.

En la defensa de esta iniciativa, la diputada del Bloque Noa Presas explicó que se pretende desarrollar en el marco legal gallego, específicamente, cláusulas de igualdad, sociales, medioambientales, de garantía y trabajo digno, lingüísticas, de mejora en el ámbito de la inclusión de personas con discapacidad, así como contratos reservados para «las demandas de la economía social».

Así, la diputada nacionalista censuró que hoy en día la legislación de contratación pública «favorece a los peces gordos» que acceden a «macrocontratos de obras públicas», con «empresas multiservicios como Eulen». Un marco, afirmó, «que el PP buscó alimentar». La propuesta contó con el apoyo del PSdeG. La parlamentaria socialista Patricia Iglesias apuntó que «el 92% de las entidades del sector público no verifican y no controlan» que se cumplan estas cláusulas sociales.

Sin embargo, el diputado del grupo popular Roberto Rodríguez ha reprochado que esta propuesta es la «enésima enmienda a la totalidad de la contratación pública autonómica» e insistió en que «el objetivo que pretende el BNG ya está legislado» y «ya se está cumpliendo».

«No es cierto que no dispongamos de una legislación que desarrolle esta normativa. La posibilidad de favorecer determinadas políticas públicas a través de la contratación pública de actividades subvencionadoras es una realidad ya implantada», aseveró.

De hecho, el Consello de Contas publicó ayer un informe en el que fiscaliza el cumplimiento de las cláusulas sociales en la contratación pública de las entidades instrumentales. Este organismo constató que todos los pliegos analizados incorporan alguna cláusula de carácter social. La mayoría (64%) tienen que ver con la igualdad, pero también se utilizan otros criterios como la protección a la seguridad y salud en el lugar de trabajo (11%) o favorecer la formación (7%).

En todo caso, Contas advierte que una de cada dos cláusulas incluidas en estos contratos públicos obedecen a obligaciones legales. Y critica que no siempre se vigila el cumplimiento de estos compromisos. Así, el 69 por ciento de las entidades de la Xunta «no tomaron las medidas adecuadas para garantizar que se ejecutan».