A la captura de cazadores
En un contexto en el que las licencias cinegéticas caen en Galicia, el último Estudio del impacto socioeconómico de la caza en España (Fundación Artemisan, 2025), constata que la actividad sigue teniendo un notable impacto económico en el medio rural: más de 5.470 millones de euros en España.

Un coto de caza en Castilla La Mancha, el destino interautonómico más frecuentado. / E. P.
E. Ocampo
Hasta 1.048 cazadores gallegos disponían de una licencia interautonómica el año pasado que les permitía cruzar los límites de la comunidad hasta Asturias, Castilla León, Madrid, Valencia, Murcia, o Aragón para practicar su afición en otras autonomías. Es decir, se daba un repunte del 8,5% respecto al año anterior en los visados interautonómicos cuyo coste ronda los 70 euros —como reconoce la Federación Galega de Caza—.
La Fundación Artemisan acaba de realizar una evaluación del impacto económico y social de la caza en España en cuyo estudio ejecutivo aparecen datos de Galicia: reconoce la movilidad del colectivo hacia comunidades donde especialmente la caza menor y también la del jabalí o el ciervo, tiene mayor tradición y posibilidades. Castilla-La Mancha es el destino preferido por los gallegos (concentra el 84% de estas salidas), seguida de Castilla y León (51%) y Andalucía (13,33%).
El peso de estas licencias para cazar fuera de las fronteras gallegas aún es bajo en nuestra comunidad, donde el número de carnés convencionales de caza se mantenía en torno a las 35.600 en 2023, con la excepción de que la estadística de tarjetas de caza contabilizadas en 2024 y 2025 llegó hasta las 40.214 —casi un 14% más que en 2023— por la renovación de oficio que acordó la Xunta y a la que se suma este año la vigencia de licencia de quienes superan los 65 años «de carácter indefinido».
El aumento de licencias interautonómicas podría intensificarse aún más en los próximos meses con la inminente incorporación de Andalucía y Castilla-La Mancha al convenio, que permite cazar en varias comunidades con un único permiso . El acuerdo facilitará los trámites y reducirá los costes para los cazadores que se desplacen a otras regiones. Allí, también, según fuentes consultadas, podrán intervenir en batidas de lobo —de ser autorizadas— con el único requisito de tener una invitación del coto o sociedad pertinente.
El interés por la caza del lobo en Galicia ha sido objeto de interés desde que la Consellería de Medio Ambiente reactivó el Plan de Xestión do Lobo, luego de el Parlamento Europeo diese el visto bueno a rebajar la protección del cánido. Esta actualización permite solicitar batidas o esperas en zonas donde cause daños importantes a la ganadería.
Hasta la fecha, la administración autonómica ha recibido tres solicitudes formales para llevar a cabo acciones de control sobre el lobo, todas ellas procedentes de la provincia de A Coruña: dos en la comarca de Ortegal y una en la de Santiago.
Aunque el número de solicitudes registradas puede parecer reducido, fuentes del departamento de Medio Ambiente confirman que en las últimas semanas se han recibido «numerosas consultas» y llamadas telefónicas interesadas en conocer el procedimiento y solicitar este tipo de intervenciones. Ya sea por parte de ganaderos o sociedades.
Las actuaciones de control del lobo están supeditadas a criterios técnicos. Entre 2006 y 2020 se autorizaron en Galicia un total de 95 acciones, con la muerte de 17 ejemplares. Y desde 2013 no se ha abatido oficialmente ningún lobo.
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