Patrullas camufladas vigilan a los 20 incendiarios de más riesgo en Galicia

En la localidad donde viven, las fincas que tienen en las afueras, las pistas de los montes próximos a sus domicilios e incluso sus segundas residencias. Los desplazamientos de los incendiarios reincidentes y aquellos que, aunque nunca han sido llevados a juicio por la amenaza de las llamas, sobre ellos pesa la sospecha de haber prendido fuego al monte son seguidos por agentes de paisano y también están bajo el foco de las cámaras y drones que la Xunta tiene desplegados por las áreas de alto riesgo para disuadir a los delincuentes. Con estos medios humanos y tecnológicos, se busca disuadir y también identificar a los delincuentes medioambientales que cada año reducen a cenizas cientos de hectáreas de los bosques gallegos. A raíz de la ola de incendios de 2006, que en apenas 15 días del mes de agosto devoró más de 90.000 hectáreas y dejó cuatro víctimas mortales, Galicia diseñó un plan pionero de control de los incendiarios sospechosos o reincidentes. Desde entonces, las patrullas policiales diseñan un operativo de vigilancia y seguimiento con el que pretenden poner coto a la principal lacra de los montes gallegos y que, en los últimos años con la irrupción de los llamados incendios de sexta generación, más veloces y agresivos, los operativos de extinción se han visto desbordados.

A mes y medio del inicio de la temporada de mayor riesgo para los bosques gallegos, los operativos de prevención ya están activos. Entre ellos, el seguimiento de los incendiarios de más riesgo, que está campaña tiene bajo la lupa a una veintena de sospechosos en Galicia, con especial atención a once de ellos, según detallan desde la Unidad de Policía Nacional Adscrita a Galicia (UPA), dependiente de la Consellería de Presidencia. Se trata de incendiarios que salen de prisión o de un centro psiquiátrico tras cumplir condena, sospechosos de haber provocado las llamas de manera intencionada pero que por falta de pruebas no han sido juzgados o han sido exculpados u otros han sido vistos en varios concellos afectados por incendios pero que no se ha podido demostrar su autoría.

«Este seguimiento se hace sobre sospechosos y autores reincidentes como labor de investigación, pero, ante todo, de forma preventiva, ya que el fin último es evitar los propios incendios», explican desde la Policía Autonómica.

El actual número de incendiarios bajo seguimiento policial constata la eficacia del operativo de vigilancia. En cinco años se pasó de 91 sospechosos —según datos del plan de vigilancia de la campaña de verano de 2020— a la veintena que a día de hoy agentes de paisano y tecnología tienen bajo la lupa, lo que supone una reducción de más del 50%.

La UPA reconoce que la investigación de los delitos de incendio forestal constituye una de las técnicas «más complejas» para llegar a la resolución. ¿El motivo? «Los autores utilizan lugares solitarios, frondosos y desprovistos de cualquier control, en ocasiones de noche, para iniciar el fuego», apunta desde la Policía Autonómica. Y, además, añaden, una vez que el incendio se produce, este destruye casi todos los indicios que quedan, sumado a la actividad de los servicios de extinción que pueden alterar los vestigios que haya en el punto de inicio cuando están sofocando las llamas.

Autor y motivación

Cuando una zona se ve afectada de manera reiterada por el fuego y no se puede localizar al autor —ya sea un incendiario reincidente o se trate de uno esporádico— o no se consigue establecer una motivación, es cuando la Policía Autonómica establece controles posteriores para comprobar si se llevan a cabo actividades no permitidas por la normativa vigente y que pueden hacer que se beneficie del monte quemado el presunto autor. Esas actividades pueden ser el pastoreo en zona quemada, el ejercicio y las repoblaciones para la caza, las talas y el cambio de uso del suelo. «Con eso se hace una prevención de futuros incendios en esa zona», detalla la unidad policial autonómica.

En esta labor de investigación, desde 2021 también está presente la Consellería do Medio Rural a través de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO), dotada por 15 agentes ambientales dedicados en exclusiva a las pesquisas que permitan determinar las causas y la autoría de ese fuego.

investigación, la prevención y control de los sospechosos, la tendencia en el número de incendios en estos últimos años está descendiendo considerablemente», señala la UPA. Y, en consecuencia, los incendiarios detenidos, que pasaron de 73 en 2019 a 15 el año pasado, según datos de la Policía Autonómica.

Cada vez más canales para lograr la colaboración ciudadana para cercar a los autores

Son casos contados, pero la colaboración ciudadana ha permitido pillar infraganti a un incendiario y el testimonio de vecinos ha llevado al responsable de ese foco que ha devorado cientos de hectáreas o incluso ha obligado a desalojar viviendas. Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad admiten que la colaboración vecinal es la pata que falta para vencer en la lucha contra el fuego. Aunque con el paso de los años se ha avanzado, en las aldeas aún hay miedo a denunciar al vecino. Para facilitar esta colaboración son cada vez más los canales que están a disposición de los ciudadanos, desde contactos presenciales a llamadas telefónicas. La Consellería do Medio Rural tiene habilitado el 085 y también se puede poner en conocimiento cualquier sospecha que se tenga en el 900 815 085. «Gracias a esta colaboración, las tareas de

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