Dos mil migrantes en Galicia podrían no entrar en la regularización extra del Gobierno

En el primer trimestre de 2025 Galicia tenía 11.385 puestos de trabajo sin cubrir. Es un dato del Instituto Galego de Estatística que solo tiene en cuenta empresas de más de nueve empleados, pero refleja desde hace años una carencia latente. El declive demográfico y la caída de la natalidad también son factores que juegan en contra del desarrollo de la comunidad. La solución a todo ello podría estar más allá de las fronteras, tal y como reconoce el propio Gobierno autonómico, con la regularización de personas migrantes que quieren criar y trabajar aquí.

En los próximos meses hasta 10.000 migrantes podrían regularizar su situación en Galicia. Lo lograrían a través de una medida extraordinaria emitida desde Moncloa e impulsada por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). En España puede llegar a acogerse medio millón de personas. El documento complementaría a la nueva Ley de Extranjería, que entró en vigor ayer y tiene algunas carencias para los solicitantes de asilo.

En el texto del borrador, al que tuvo acceso este periódico, se especifica que la nueva autorización por circunstancias excepcionales estará dirigida a aquellas personas extranjeras que se encontrasen en España antes del 31 de diciembre de 2024. Es decir, que todas las que llegaron tras dicha fecha quedarían fuera de sus beneficios. Según el Foro Galego de Inmigración, de forma estimada, alrededor de dos mil personas no podrían obtener la residencia legal por haber llegado más tarde de la fecha propuesta por el Gobierno. Con todo, el día es una referencia debatible, pues por ahora solo forma parte de un boceto que deben discutir los grupos parlamentarios. También serán objeto de estudio, más allá del día de llegada, los requisitos que se exigirán para acogerse a la medida. El real decreto con todas las especificaciones debe aprobarse en un plazo máximo de seis meses, con una mayoría en el Congreso.

Una regularización extra beneficiaría a unos 10.000 migrantes en Galicia

El portavoz del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández, cree que diciembre de 2024 es un buen corte. «Entendemos que es un plazo razonable, una forma de hacer borrón y cuenta nueva, regularizando y evitando dinámicas perjudiciales. A partir de entonces, las personas ya vendrán sabiendo qué les conviene más», opina.

En la propuesta se reconoce que existen colectivos que quedan atrás con la nueva ley: «Hay un número importante de personas que no va a poder obtener la autorización a pesar de permanecer en España mucho tiempo, como los que hayan desistido de su solicitud de protección internacional».

Ahora, el mismo PSOE que en un inicio se mostraba reticente, tiene puesta su energía en sacar a adelante este complemento, no sin las quejas y apuntes del resto de grupos de la oposición.

Diputados gallegos en el Congreso piden «más concreción»

La medida en la que ahora el PSOE se da prisa —pues cuanto más tiempo pase, más migrantes excluidos habrá— llega después de meses de incertidumbre y de haberse mostrado reacios. ¿Qué pasó para que se acelerase el proceso? El portavoz de la ejecutiva del PSdG, Julio Torrado, indica que «hay cuestiones que se deben hacer con planificación y solvencia». «Se tenía que tener la certeza de que podría hacerse respetando la legislación», añade. Afirma además que es un borrador que encaja con las políticas del Gobierno y que llega en un momento en el que España ya no es un país de tránsito para los extranjeros, sino un lugar en el que quedarse a empezar una nueva vida. Desde el Congreso, algunos diputados gallegos pusieron sobre la mesa los puntos en los que no concuerdan. Desde el Partido Popular lamentan que el Gobierno «siga dando bandazos» en la cuestión migratoria. «Tras reconocer las limitaciones del nuevo reglamento, pretende acelerar una regularización masiva como parche improvisado, sin previsión ni medios», dicen. Reclaman que «se actúe con rigor, teniendo en cuenta aportaciones como las realizadas por Galicia, como la apuesta por las microformaciones como vía efectiva para el arraigamiento». Además, opinan que debería ser prioritaria la agilidad administrativa en los permisos de trabajo, un punto que ya están estudiando solicitar desde la formación en la comunidad al Gobierno central. Los socios de Sumar, contentos ante el desbloqueo de la ILP, también tienen sus propias especificaciones sobre el asunto. Vanesa Barbero expresó preocupación por los plazos que se manejan: «El 31 de diciembre de 2024 es de un estadío anterior, al pasar el tiempo sin tramitarse la ILP, se queda muy lejos de cualquier aspiración y hay que fijarse en el plazo de entrada en vigor», indicó. Por su parte, Néstor Rego, representante del BNG y miembro del Grupo Mixto, exigió «más concreción». «Hay un movimiento, pero queremos que se concrete porque el texto que se nos pasa sigue siendo bastante indefinido. No se hace referencia a la posibilidad de que se apruebe un permiso de trabajo y residencia durante un año. Tenemos dudas respecto a los plazos para la vía del arraigo», dice Rego.

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