Casi 480.000 gallegos acuden al médico en un año por su salud mental

La epidemia de salud mental posterior al COVID-19 constituye un «problema creciente» para la sanidad gallega, pero la Administración carece de margen para contratar porque todos los psicólogos disponibles son fichados, como los 14 para Atención Primaria que se incorporarán este año hasta alcanzar 21 y la meta de llegar a 50 en 2030. Así respondió ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a las críticas del BNG por su gestión de una cuestión «gravísima» durante el pleno del Parlamento.

Las cifras del propio Rueda evidenciaron la dimensión de los problemas de salud mental, pues durante el año pasado acudieron al médico por esta cuestión 477.471 pacientes (el 17,6% de la población gallega), lo que supone más del doble que en 2010 y un 46% más desde la pandemia. De hecho, en Galicia se prescriben un 52% más de antidepresivos que hace una década.

A pesar de ello, defendió la gestión del servicio gallego de salud, asegurando que «el 83,4% de los pacientes de salud mental esperan menos de 180 días» por una cita y uno de cada cinco espera más de medio año. Rueda admitió la necesidad de bajar esa demora y aseguró que el 100% de plazas de psicólogos en el Sergas están cubiertas.

Esta situación fue criticada por Ana Pontón, que denunció que Galicia se encuentra «muy lejos de la media de España» y de los estándares que recomienda la OMS en el ratio de profesionales de salud mental por habitantes y pidió contratar a un centenar de psicólogos para Primaria y aplicar «un verdadero plan de prevención del suicidio».

El otro cara a cara tuvo como protagonistas a Rueda y al único diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, al que le tocó una intervención en detrimento del socialista José Ramón Gómez Besteiro. Puso el foco en la necesidad de contactar con empresarios gallegos ricos en México y Panamá para que inviertan en Galicia «e implanten empresas transformadoras de los recursos minerales», expuso tras referirse a la mina de Doade para extraer litio en Beariz.

Rueda destacó la importancia de los minerales estratégicos y pidió «abrir los brazos a inversores», al tiempo que avanzó que la Xunta sacará a concurso más derechos mineros caducados cuando se resuelvan los ya convocados. Este proceso se preveía comenzar en una ley de 2017.