La Ley de Extranjería no es para todos

Nirsa Torres es una mujer de 57 años que en 2023 ordenó sus cosas en varias maletas y salió de Venezuela. Darys Lazarte lo hizo a los 22, cuando todavía era una estudiante universitaria, cursaba Ingeniería Industrial. El país del que huyeron lleva años despidiendo compatriotas y más aún desde que, en las últimas elecciones, Maduro revalidó su presidencia. Con el líder de la oposición ahora exiliado en España y una inseguridad creciente, cada vez son más los que tiran la toalla y buscan una nueva vida en la diáspora. Como ellas, otros miles procedentes de numerosos países, vienen a Galicia a buscarse la vida. Sin embargo, ahora las condiciones de acceso cambiaron. La nueva Ley de Extranjería, que entró en vigor el pasado martes, trae consigo la agilización de trámites y una regularización extraordinaria que podría beneficiar hasta a 10.000 personas en la comunidad. Pero también perjudica a muchos, de hecho, a los más débiles. Las personas solicitantes de protección internacional, si reciben una resolución denegatoria, perderán todo lo construido, incluido el permiso de trabajo que obtienen para el tiempo de espera.

Es el caso de Nirsa y Darys. Están en proceso de espera, Mientras, una trabaja en una cafetería y la otra hace entrevistas con negocios y empresas. «Nos dejan en una situación complicada, supone un retroceso. Después de conseguir un contrato, te deniegan el asilo y te impiden seguir trabajando», lamenta Lazarte. Además, afirma que si eso ocurre deben mediar abogados y pedir un recurso. Dependiendo del resultado, la persona puede permanecer o ser deportada.

Darys puede trabajar de forma legal desde marzo. Ahora, espera por el asilo. En junio recogerá su tarjeta roja, un documento provisional con el que los que esperan pueden acceder a servicios básicos —como el médico—, además de su permiso de residencia durante algo más de tiempo. «Es una espera tras otra», dice. Su segunda cita de petición de asilo tardó nueve meses en llegar. Es un encuentro en el que los extranjeros tienen que exponer su caso y hacer una lista de motivos por los que decidieron venir a España. «Normalmente a los venezolanos nos la deniegan y nos dejan quedarnos por razones humanitarias», explica Lazarte. «Uno de los grandes miedos que tenemos los inmigrantes que solicitamos asilo es que nos denieguen definitivamente la petición», añade.

Ella vino a España en noviembre, aunque antes había pasado seis años en Perú. Tiene 30 y la vida por delante. «Estuve sin papeles un año y medio, hasta que hice los primeros trámites. Es muy difícil vivir así», reconoce.

En este momento echa currículos. También estuvo en Cruz Roja, formándose, y como ya puede trabajar de forma legal, está esperando a que le llamen.

También contempla continuar sus estudios. El primer paso: la homologación del título de Bachiller. Otro impedimento burocrático.

Nirsa Torres también tiene la tarjeta roja, que debe renovar el próximo mes. «Aún no sé que va a pasar con mi asilo. Ahora estoy trabajando en una cafetería», indica. En caso de que no le aceptasen la solicitud perdería el permiso con el que está empleada. Tendría que volver a la casilla de salida.

Su proceso migratorio fue familiar. En 2022 vino su hija y a los meses llegaron su pareja y ella. «A los más jóvenes les llegó súper rápido la resolución. Actualmente también lo tiene mi pareja. Solo quedo yo. La espera es dura y más lo fue la del permiso de trabajo. Entiendo que las empresas no quieran trabajadores en negro por las multas a las que se exponen», señala. «Es contradictorio porque hay mucho trabajo sin cubrir aquí y nosotros estamos disponibles, pero nos ponen muchas trabas», añade. También teme que su permiso tarde más por su edad (57 años): «Van a preferir a alguien joven, seguramente también es algo que tiene peso a la hora de otorgar un asilo».

Pese a las circunstancias, Nirsa se mantiene positiva y dice que «en la ley hay partes buenas y malas». Reconoce que el nuevo reglamento va a ayudar a mucha gente, aunque también deja sobre un limbo a migrantes como ella.