Un tercio de los concellos se arriesga a castigos por ocultar datos a Hacienda

La anterior crisis económica, causada a finales de 2008 por la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, impuso en Europa un austeridad y rigor fiscal que obligó a países como España o Grecia a aplicar severos recortes de gasto y a aplicar un rigor fiscal que todavía se mantiene. De aquella época, se mantienen la obligación de cuadrar balances, de dedicar el superávit de las administraciones a amortizar deuda y de radiografiar los gastos de cada administración.

Los ayuntamientos están obligados desde 2012, al poco de llegar el PP de Mariano Rajoy a Moncloa gracias a su mayoría absoluta, a informar al Ministerio de Hacienda de sus movimientos, so pena de castigos económicos que pueden acabar incluso en la intervención de sus propias cuentas.

Trece años después, algo más de un tercio de los ayuntamientos de Galicia incumple la obligación de remitir a Hacienda información clave de sus finanzas como la ejecución de su presupuesto correspondiente al último trimestre, las propias cuentas del último ejercicio o el coste de los servicios básicos municipales, como alcantarillado, recogida de basuras o alumbrado. También están obligados a remitir los datos de las cuentas de 2024 y la ejecución del último trimestre de 2023 y los planes presupuestarios a medio plazo 2025-2027.

Un total de 114 consistorios gallegos no han enviado alguno de esos documentos al ministerio dirigido por María Jesús Montero, según consta en la relación revelada ayer. De este listado de incumplidores, 21 consistorios pertenecen a la provincia de A Coruña, 28 a la de Lugo, 48 a la de Ourense y 17 a la de Pontevedra. En A Coruña, son Arzúa, Boqueixón, Camariñas, A Capela, Cedeira, Cerceda, Coirós, Culleredo, Dumbría, Negreira, Ortigueira, Paderne, Ponteceso, As Pontes de García Rodríguez, Sada, Santa Comba, Teo, Toques, Trazo, Val do Dubra y Vilasantar.

Los señalados en rojo por Hacienda son Triacastela y Chandrexa de Queixa, que suman seis incumplimientos de envío de datos económicos por cinco de Portomarín. Con cuatro figuran Ribadumia, Rodeiro, Boqueixón, Muras, Palas de Rei, Pantón, Ribas de Sil, Burela, Sarreaus y Verín.

Una vez que el Ministerio de Hacienda les envía a los concellos incumplidores un requerimiento de información, se activará la cuenta atrás de quince días para evitar medidas como la retención de fondos estatales o incluso la intervención de sus finanzas.

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ya se ha quejado otras veces de la excesiva carga burocrática que supone el envío de esta información y de que los municipios más pequeños carecen de personal suficiente para cumplir con el cronograma marcado por la legislación estatal.