Los hogares que necesitan ayudas para pagar la luz suben en 9.000 en un año

La factura de la luz no está al alcance de todos los bolsillos. En 2024 los precios de la electricidad bajaron, tras años de escalada, pero aún así siguen siendo elevados si se comparan con las tarifas que había hace una década. Y la economía de muchas familias es todavía frágil. En este contexto los hogares considerados vulnerables que precisan ayudas para pagar el recibo energético aumentaron en más de 9.000 en solo un año. Este incremento del 10 por ciento eleva la cifra total de beneficiarios en Galicia tanto del Bono Social Eléctrico como del Bono Térmico a 92.974, según los datos de la Xunta.

El Bono Social Eléctrico es un mecanismo de descuento en la factura eléctrica, fijado por el Gobierno destinado a colectivos catalogados como vulnerables. Entran en esta categoría las familias que no superan un determinado nivel de renta según los miembros de la unidad familiar. Este tope oscila desde los 11.279 euros al año para una persona que vive sola sin menores hasta los 18.798 euros anuales en núcleos con al menos dos niños y si concurren circunstancias especiales como discapacidad, víctimas de violencia de género, dependencia o familias monoparentales se eleva hasta los 22.558 euros. También se benefician todas las familias numerosas o jubilados con pensiones mínimas, entre otros. Si además se trata de una familia numerosa con una renta inferior a 15.000 euros anuales se considerará «consumidor vulnerable severo» y la ayuda será mayor.

¿Y a cuánto asciende el descuento? Hasta el 30 de junio de 2025 consiste en una rebaja del 50 por ciento en el precio de la luz para hogares vulnerables y del 65 por ciento para los casos más severos. En todo caso, el Gobierno prevé rebajar esta bonificación progresivamente hasta situarla en un 35 por ciento en 2026 para el primer colectivo y en un 50 por ciento para las familias más necesitadas.

Los beneficiarios del Bono Social Eléctrico perciben también el Bono Social Térmico para compensar a las familias los gastos de suministro de calefacción, cocina o agua caliente e incluso para contribuir en los desembolsos que afrontan en obras de eficiencia energética que posibiliten ahorrar en la factura eléctrica.

La Xunta es la que gestiona estas ayudas con fondos transferidos desde el Estado. Aunque algunos afectados se han quejado de la demora que existe en el pago de esta prestación, la Consellería de Economía lo niega. «En cuanto a los plazos para realizar los abonos, la normativa vigente no establece un plazo determinado para el pago de la ayuda», alega la Xunta. Según explican, el Bono Social Térmico se comenzará a pagar «a lo largo del mes de junio». «Si bien con anterioridad los beneficiarios recibirán las cartas con la información».

La ayuda oscila entre un mínimo de 135,65 euros anuales y 413,88 euros, según el grado de vulnerabilidad de los hogares y la zona climática en la que residan. «La tramitación del bono se está realizando en los plazos habituales», defienden en Economía que recuerdan que en 2024 se pagó en septiembre. «Ahora se mejoran los plazos. Se prevé que en las próximas semanas comiencen a ser enviadas las cartas a los más de 92.000 beneficiarios para que puedan validar o corregir sus datos y percibir la ayuda», explican desde el departamento que dirige María Jesús Lorenzana.

La Xunta suprimió el pasado año el complemento autonómico de 150 euros para completar la ayuda estatal del bono térmico.

Entonces eran 83.875 los afectados, los mismos que el Bono Social Eléctrico. Esta cifra creció ahora en más de 9.000 personas pese a que el precio de la luz empieza a bajar. En 2024 la tarifa de la electricidad se situó en 87 euros por megavatio hora, la primera vez que cae por debajo de los 100 euros en tres años. Aun así, solo en diciembre pasado hubo una fuerte subida pues alcanzó los 135 euros el megavatio hora. Y, a pesar del descenso del pasado año, el recibo sigue siendo elevado si se compara con las cuantías de hace diez años que rozaban los 70 euros el megavatio.

Además, el descuento aplicado por el Gobierno en el IVA de la factura eléctrica tras la crisis del COVID terminó este año, de manera que se pasó de una tributación del 10 por ciento a una del 21 por ciento, lo que supone un nuevo encarecimiento en los recibos de la luz.

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