Facenda extingue la gestión privada de recaudación de las deudas tributarias
En diciembre de este año desaparecerá la última oficina externa de cobro que queda en activo, la de Pontevedra | Este servicio privatizado comenzó a funcionar en 1997

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en una intervención en el Parlamento. / Xoán Álvarez
X. A. Taboada
La Xunta enfila la extinción del servicio privado de cobro de deudas tributarias, ya que el 1 de enero de 2026 asumirá íntegramente esta función al dar por finiquitada la última oficina de recaudación externa en activo, la de Pontevedra. Con este objeto, la Consellería de Facenda se dispone a reforzar la plantilla de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) para hacerse cargo de nuevas tareas que hasta ahora estaban en manos privadas.
La figura externa del encargado de cobrar las deudas tributarias autonómicas se creó en el año 1997. Se constituyeron cinco oficinas asignadas a cinco zonas de la comunidad, pero el servicio ya está casi desmantelado. En su día, la Xunta acudió a estos cobradores porque era la fórmula más efectiva y rentable que tenía para cobrar los impagos de impuestos, dado que la Atriga no se creó hasta enero de 2013.
Y prácticamente se recurre ahora al mismo argumento para justificar la integración de esta actividad entre las funciones ordinarias de la Axencia Tributaria. «Esta medida provocará una mayor eficiencia en las tareas de recaudación de las deudas en periodo ejecutivo, ya que disminuirán los actuales costes de gestión y aumentarán los ingresos tributarios provocados por las sinergias de la gestión centralizada de los expedientes, tales como la aplicación de modernas técnicas informáticas y de inteligencia artificial, el uso de programas que realizan tareas de forma automatizada y el acceso global a la información tributaria», explica la Consellería de Facenda en la exposición de motivos de la nueva relación de puestos de trabajo de la plantilla de la Atriga en la ciudad de Pontevedra.
La previsión es incorporar tres empleados más, que se harán cargo de las tareas que hasta ahora realiza la oficina de recaudación externa de la zona, la última que queda operativa en la comunidad autónoma.
A modo de ejemplo, en la memoria explicativa se dan algunos datos de la actividad desarrollada en la zona de Pontevedra durante los últimos cinco años. La media de fue de 8.519 providencias cargadas que generaron 4.611 diligencias de embargo (nóminas, cuentas bancarias, bienes...) y 13.899 notificaciones. Todas para cobrar por la vía ejecutiva los impuestos de carácter autonómico a particulares y empresas que por diversos motivos no satisficieron en el oportuno momento o resolver los recursos de reposición, aplazamiento o fraccionamiento del pago. «Debemos manifestar que la asunción de las funciones de recaudación ejecutiva por parte de la Atriga supondrá un importante impacto económico en la Administración gallega», insiste la Consellería de Facenda.
La primera de estas oficinas privadas en suprimirse fue la que cubría toda la provincia de Ourense. Desapareció en 2023, a la que siguieron, ese mismo año, las A Coruña y Lugo. Y en 2024 le tocó el turno a la de Vigo. Ahora llega el fin de la de Pontevedra.
No obstante, esta decisión arrastra algunos problemas laborales porque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha declarado nulo el despido de colaboradores de los recaudadores de la Atriga. Al frente de cada oficina había un titular que tenía contratados a trabajadores para encargarse del cobro ejecutivo de las deudas. El TSXG considera en A Coruña y Lugo que el recaudador es un empresario ficticio de la verdadera empleadora (Atriga), por lo que concluye que ha habido un despido colectivo nulo.
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