La Xunta, contra la quita autonómica: contraviene principios constitucionales

El mecanismo para condonar parte de la deuda autonómica por parte del Gobierno central culminó ayer un nuevo trámite al cerrar el plazo para la presentación de comentarios y observaciones por parte de las comunidades. La Xunta cumplió el requisito y remitió un informe de diez hojas con una decena alegaciones en las que expone negro sobre blanco la posición mantenida a lo largo de los últimos meses. Su actitud es de rechazo a que el Estado asuma hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas, en la que Andalucía y Cataluña serían las regiones más beneficiadas, acaparando más del 43% del total de la condonación del déficit autonómico. En el caso de Galicia, la cantidad sería de 4.010 millones de euros.

«La Xunta está en total desacuerdo, tanto con la forma como con el fondo, con la medida de asunción de parte de la deuda autonómica por el Estado. Esta medida resulta jurídicamente reprobable al contravenir numerosos principios constitucionales y legales, en el ámbito nacional y europeo. Además, la propuesta altera de forma arbitraria y discrecional la situación financiera de las comunidades, sin resolver el problema estructural de financiación que las mismas presentan desde hace años», resume la Consellería de Facenda lo que para la Administración gallega supone la quita de la deuda, acordada por el Gobierno con Esquerra Republicana.

En la línea expresada por el presidente, Alfonso Rueda, o el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, la mutualización de la deuda perjudicará financieramente a Galicia ya que sus residentes tendrán que asumir un sobrecoste neto de 600 millones de euros del pasivo de otras comunidades, sin que eso suponga incrementar la capacidad de gasto de la comunidad autónoma.

Son varios los principios constitucionales y legales que la Xunta cree que vulnera el Gobierno con esta medida de asumir parte de la deuda autonómica. Los primeros, los de lealtad institucional y coordinación de la Ley de Financiación Autonómica porque nace de una negociación con Esquerra Republicana.

Otros principios contra los que choca son los de igualdad que consagra la Constitución, los de equidad, corresponsabilidad o buena gestión financiera.

Además, la Xunta sostiene que no resuelve el problema estructural de la financiación autonómica y que no solo resulta «profundamente injusta», sino que «mina» los incentivos para una gestión presupuestaria responsables en el futuro. También considera que «altera arbitrariamente» la situación financiera y de solvencia de los territorios, así como el equilibrio al introducir artificiosamente una mejora en la posición de determinadas comunidades.

A ello se suma el «deterioro» financiero de Galicia, porque la Xunta entiende que los gallegos tendrían que pagar 600 millones de euros más.

Y también cree que esta quita no tendrá repercusión directa sobre la economía real. «Ni el importe de la deuda asumida por el Estado ni la liberación de recursos por los intereses que se dejarán de devengar, se podrán aplicar a nuevas políticas públicas, inversiones o mejora de los servicios esenciales. Así pues, desde esta perspectiva, la medida carece de impacto directo sobre la economía real o sobre el bienestar de la ciudadanía, más allá de su efecto contable en las métricas fiscales», se recoge en el documento con las alegaciones gallegas.