La Xunta reclamará al Estado la gestión de cuarenta aeródromos y helipuertos

Esta competencia será la próxima en reivindicarse y guarda relación con la estrategia gallega aeroespacial | No afecta a las instalaciones declaradas de interés general

Aeródromo de Rozas, en la localidad lucense de Castro de Rei. |  L. O.

Aeródromo de Rozas, en la localidad lucense de Castro de Rei. | L. O.

X. A. Taboada

Santiago

Galicia se ha pasado 17 años sin asumir ninguna competencia nueva. Consiguió la gestión de litoral, previa sentencia a favor del Tribunal Constitucional, que se hará efectiva el 1 de julio y la Xunta tiene en cartera varias demandas más. Y en breve se sumará otra nueva. Quiere también el traspaso de las competencias para la administración de los aeródromos y helipuertos que están operativos en Galicia y que no están clasificados como de interés general. Son en total unas 40 las instalaciones de este tipo que existen en la comunidad.

Esta reivindicación para aumentar las funciones de autogobierno se suma a las del litoral, la titularidad de la AP-9, la de meteorología o los permisos de trabajo para extranjeros. Como destaca el presidente gallego, Alfonso Rueda, se trata de avanzar en el «autonomismo útil», rompiendo con la dinámica de su predecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, que no asumió competencia alguna durante los 13 años que estuvo al frente del Ejecutivo gallego.

Es el PP el que ha adelantado la nueva reclamación para incrementar el autogobierno en una proposición no de ley, ya registrada, que tramitará por la vía de urgencia. En ella se pide a la Xunta que solicite al Moncloa la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias «para consensuar el traspaso de los recursos humanos, materiales y económicos precisos para asumir la gestión de los aeródromos y helipuertos gallegos que no tengan la cualificación de interés general del Estado».

Según se recoge en la iniciativa parlamentaria, esta facultad ya está recogida en el artículo 27.9 del Estatuto de Autonomía y actualmente hay operativos en Galicia 40 helipuertos y aeródromos que reúnen las condiciones para ser traspasados. La mayor parte son plataformas privadas destinadas al uso de helicópteros, concentradas en las provincias de A Coruña y Pontevedra, singularmente en la franja del litoral atlántico.

«Hasta el momento, la autorización de la apertura del tráfico de este tipo de instalaciones, así como el seguimiento de su funcionamiento, las desarrolla el Estado, empleando para este fin los correspondientes medios personales y materiales que son necesarios para el ejercicio de la referida competencia», indica el PP.

Esta iniciativa parlamentaria está acordada, obviamente, con la Xunta, que reconoce que la asunción de esta competencia se sumará a las reivindicaciones ya conocidas.

Fuentes del Ejecutivo reconocen que es así y que no esperan, al contrario de lo que sucedió con la gestión de litoral, conflictividad alguna por parte del Estado. Precisan, además, que esas competencias estarían centradas en la “autorización, supervisión y modificación” de todos los permisos necesarios para operar esas instalaciones aeronáuticas, que, evidentemente, por ejemplo, no incluye los aeropuertos de A Coruña, Vigo y Santiago ni el militar de Compostela.

Sector aeroespacial

Esta reivindicación guarda relación con la recién presentada Estratexia Galega do Aeroespazo, a Seguridade e a Defensa en Galicia, un macroproyecto con el que se pretende movilizar hasta el año 2030 un total de 900 millones de euros dirigidos a promocionar el sector aeroespacial.

Este proyecto se orienta hacia cuatro ejes, con el foco puesto en el aeródromo de Rozas (Lugo): los 183 millones destinados a la propia estrategia, otros 84 para promover acuerdos con empresas y centros tecnológicos, 73 más para un fondo de inversión en obras para nuevos proyectos y 25 para fomentar la reorientación de empresas existentes y crear otras nuevas.

La estrategia parte del actual sector aeroespacial que cuenta con 4.000 trabajadores y 140 entidades vinculadas. Galicia es la cuarta comunidad con más empleo en el sector, y tiene capacidad para fabricar el 75 % de los componentes y servicios que requiere la nueva política europea.

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