Los jueces de paz podrán celebrar de nuevo juicios por pequeños hurtos
Las nuevas atribuciones a estos profesionales, Galicia son 268, aliviarán la sobrecarga de los juzgados ordinarios y evitarán traslados de los ciudadanos a otros municipios

Entrada al juzgado de paz de Moaña. | Gonzalo Núñez
J. G. Albalat / R. C.
La ley de eficiencia de la justicia, que entró en vigor el pasado 3 de abril, amplía las atribuciones de los jueces de paz en conciliación y asuntos civiles y posibilita que puedan celebrar de nuevo juicios por delitos leves, como pequeños hurtos de menos de 400 euros, coacciones, amenazas o vejaciones, entre otros, y que suponen una pena de multa, privación de derechos, como conducir o tenencia de armas, o trabajos en beneficio de la comunidad. Estas nuevas atribuciones están pendientes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ultima el Gobierno, pues ahora solo pueden recibir denuncias de los ciudadanos y trasladarlas a los juzgados ordinarios.
El hecho de que los jueces de paz —en Galicia son 268— puedan celebrar estos juicios por delitos leves ayudará a la descongestión de los juzgados ordinarios y evitará que los ciudadanos deban trasladarse a otros municipios para asistir a las vistas, más en una comunidad como la gallega marcada por la dispersión. Además, se ganará agilidad, sobre todo porque los acusados, los denunciantes o los testigos pueden ser vecinos de la localidad.
Antes de 2015, los jueces de paz podían celebrar estas vistas dado que esos pequeños delitos se consideraban faltas. Fue ese año cuando pasaron a tener la categoría de delitos leves y se eliminó la potestad de que los jueces de paz pudieran dictar sentencia. Ahora la ley de eficiencia abre la puerta a recuperar esa facultad.
La nueva ley que revoluciona el mundo de la justicia en España se irá desarrollando a lo largo de este año. Y una de las derivadas de esta normativa es el afianzamiento de los jueces de paz, figura que fue creada en 1885 y que en uno de los primeros borradores de esta normativa estaban destinados a desaparecer. Se entiende como una garantía de la justicia de proximidad y, a raíz de la nueva legislación, toma impulso con la ampliación de competencias y la modernización de las dependencias. Hay comunidades autónomas en las que ya se han diseñado planes para impulsar y modernizar esta institución con la instalación de sistemas de videoconferencias para que se puedan tomar declaraciones judiciales y se han renovado equipamientos.
Las oficinas de justicia, que servirán de apoyo a los jueces de paz, refuerzan sus funciones: conexión con los tribunales (comunicación de citaciones judiciales, notificaciones, declaraciones por videoconferencias u obtención de información sobre procedimientos judiciales); obtención de certificados (antecedentes penales, certificado de últimas voluntades), acceso al Registro Civil para diferentes trámites (nacimientos, defunciones, etcétera) o atención a las víctimas.
Más allá de los juicios por delitos leves, la ley de eficiencia también amplía las competencias de los jueces de paz. Así en primera instancia se puede hacer cargo de asuntos civiles —como reclamaciones de cuantías no superiores a 150 euros (hasta ahora, 90 euros)—, expedientes de conciliación civiles por menos de 10.000 euros (antes 6.000), o actos de conciliación previos a la presentación de una querella por delitos de injurias o calumnias.
Justicia enmendará el error legal sobre oficiar bodas
En algunos concellos gallegos había jueces de paz que oficiaban casi una decena de bodas al mes. Per la ley de eficiencia de la justicia, que entró en vigor en abril, les quitó de un plumazo una competencia que venían ejerciendo habitualmente. «El perjudicado es el ciudadano. Es un error de legislación y es una cuestión de voluntad política arreglarlo», aseguran desde el sector.
Fuentes oficiales del Ministerio de Justicia explican al El Periódico, del mismo grupo editorial que este diario, su «compromiso» para enmendar esta situación, aunque no han precisado fechas. Para los jueces de paz, las bodas son lo más popular que realizaban, sobre todo porque los vecinos los conocen. Además, era un servicio público gratuito.
La entrada en vigor de la ley de eficiencia de la justicia el 3 de abril provocó que los jueces de paz que tenían previstas bodas las adelantaran. Las dos semanas previas hubo ceremonias a diestro y siniestro por la geografía de todo el país. Algunos profesionales pasaron de celebrar diez al mes, a cinco o seis en solo una semana.
En la actualidad, solo se pueden oficiar bodas civiles en los ayuntamientos, donde el alcalde o los regidores pueden celebrarlas, ante los notarios o directamente en los Registros Civiles. Esta situación ha provocado un aumento de peticiones en los ayuntamientos y, por lo tanto, un aumento del tiempo de espera para realizar la ceremonia, tal y como avanzó el pasado mes de febrero este periódico.
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