La Fiscalía abre el proceso para nombrar delegados provinciales anticorrupción
Atiende una vieja demanda de Galicia, que extenderá al conjunto del país

Álvaro García Ortiz, en el medio, con el fiscal superior de Galicia Fernando Suanzes y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso. / Carlos Pardellas
Cinco años lleva ya de espera Galicia para la creación de una plaza de fiscal delegado Anticorrupción. Aunque se trata de una vieja demanda, no fue hasta finales de 2019 cuando se dieron los primeros pasos favorables de la Fiscalía gallega, el Consejo Fiscal y la Fiscalía del Estado. Como en memorias anteriores, la Fiscalía Superior de Galicia recogía en la de 2024 su preocupación por esta larga espera y confiaba en que el tema fuera “retomado» y se adoptase «una resolución favorable», con la creación de dos fiscales anticorrupción en A Coruña y Pontevedra o, en su defecto, el nombramiento de un fiscal delegado autonómico de asuntos económicos de entre los delegados provinciales.
La decisión final la hizo pública este viernes el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a preguntas de este periódico durante su asistencia al acto de clausura de las jornadas sobre el 30º aniversario de la Ley del Jurados celebradas en el pazo de Mariñán (Bergondo). García Ortiz confirmó que el próximo día 30 de junio tomará posesión de su cargo el fiscal de Sala coordinador de la Unidad contra la corrupción creada por la Fiscalía General del Estado. «A partir de ahí, espero que en un mes o dos se abra un concurso para que en cada provincia de España pueda haber un delegado de esta Fiscalía. Estamos hablando de ya», avanzó García Ortiz.
En su comparecencia ante los medios, el jefe de la Fiscalía detalló la decisión de crear una unidad en la Fiscalía General del Estado para coordinar todas las cuestiones que tienen que ver con delitos contra la administración pública. «Lo que se pedía en Galicia de una manera particular —avanzó el fiscal del Estado— será para toda España y en cada provincia va a haber un delegado de delitos contra la administración pública coordinados desde el fiscal de Madrid». «Es una apuesta de la Fiscalía —prosiguió— para aumentar los controles de los delitos que pueden cometerse contra la administración pública».
El proceso no se dilatará en el tiempo, ya que una vez el fiscal de sala coordinador tome posesión este mismo mes, en el plazo de uno o dos meses se abrirá el plazo para presentar las candidaturas y hacer los nombramientos correspondientes en cada provincia.
En los últimos cinco años en Galicia se destaparon casi 700 delitos de corrupción, un periodo en el que 153 casos fueron juzgados, según datos de la Fiscalía Superior. Este balance deja una tasa de este tipo de ilícitos llevados a juicio del 22%, diez puntos más que hace una década. Los tribunales gallegos cerraron 2024 con récord de causas juzgadas por malversación, tráfico de influencias, cohecho o blanqueo de capitales: un total de 43 —casi uno cada semana—, lo que supone el doble que hace un lustro (entonces fueron 21) y un 13% más que el techo que se había alcanzado en 2016: 38.
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