Los concellos acumulan impagos en la plusvalía de 55 millones en una década

Por la venta de un piso, la casa en la playa, un solar, un garaje o por una herencia o una donación, el contribuyente tiene que hacer frente al pago de la plusvalía municipal. Se trata de un impuesto de carácter voluntario que en España cobran casi 3.700 ayuntamientos —115 en Galicia— y que grava el incremento del valor de un bien en suelo urbano con respecto al coste de la compra anterior. En los últimos diez años, los concellos que gestionan este tributo en la comunidad deberían haber ingresado por el llamado Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana casi 408 millones , según los datos de liquidaciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda del periodo 2014-2023, ya que los de 2024 todavía son provisionales —con una previsión de recaudación de 39,5 millones para ese ejercicio—.

Pero finalmente durante esa década solo llegaron a sus arcas 353,4 millones. Es decir, los ayuntamientos gallegos acumularon en ese periodo impagos en la plusvalía de casi 55 millones, lo que deja una tasa de liquidaciones sin cobrar del 13%. Pero hubo ejercicios que superaron un agujero en su recaudación superior al 15%, llegando incluso al 17% como ocurrió en el año 2014.

Al zarandeo al que fue sometido el impuesto de plusvalía con las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional que acabaron por tumbar el tributo en las ventas a pérdidas y que acarrearon su reforma con nuevos métodos de cálculo que entraron en vigor noviembre de 2021, se suma la complejidad en su gestión. Los trámites, la concurrencia de distintas administraciones (estatal, autonómica, local y provincial), los actores externos, como notarios o empresas privadas colaboradoras, junto con el déficit de técnicos en las plantillas municipales para agilizar las liquidaciones; complican la aplicación del tributo y dejan un alto nivel de impagos: una media en estos últimos diez años de dos euros de cada 15 euros que deberían haber ingresado los concellos por este gravamen.

«Es necesaria una simplificación de la gestión, para lo que se hace imprescindible la generalización de convenios entre los ayuntamientos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las agencias tributarias autonómicas», destaca Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada e investigador de ECOBAS-Universidade de Vigo- GEN y codirector de Red Localis. En este sentido, alude a convenios que estableciesen mecanismos de colaboración e intercambio de información tributaria para la «gestión eficiente» del impuesto de plusvalía, ·en particular —apunta— para la determinación de la base imponible por la diferencia entre el valor de transmisión y de adquisición, y también para determinar la no sujeción al impuesto».

Tal y como apunta Vaquero, la liquidación de la plusvalía es relativamente sencilla cuando en una herencia los beneficiarios son conocidos, pero «excesivamente compleja» cuando hay que identificarlos en ausencia de testamento. Eso —advierte— genera «problemas de recaudación del tributo «verdaderamente difíciles de solucionar, y que, junto a las personas jurídicas insolventes transmisoras, un alto volumen de impagos».

Ante esta situación, los expertos en administración local urgen medidas como algún tipo de afección del inmueble que se pretende transmitir, de forma que esa transmisión necesite acreditar el pago de la plusvalía; la subrogación del adquiriente en el impago cuando estas son personas jurídicas. «Este tipo de respuestas permitiría una reducción notable de las altas tasas de impagos», sostiene Vaquero.

En el mapa tributario gallego, el comportamiento no es homogéneo. En la provincia de Ourense los impagos por la plusvalía municipal en 2023 llegaron al 28% de los derechos reconocidos y en la de Lugo, al 20,4%. Por el contrario, en la de Pontevedra baja al 9,3% y en la de A Coruña, al 6,6%.

Pese a la reforma del tributo en 2021, que hundió la recaudación —se pasó de los 43,58 millones cobrados ese año a 14,7 en 2022 y a 30,7 en 2023— el impacto económico y presupuestario sigue siendo complejo por dos motivos, según detalla Vaquero. Por un lado, la amplia casuística de potenciales hechos imponibles y el doble sistema de cálculo que dificulta determinar la incidencia final de la reforma.

Los alcaldes urgen al Estado compensaciones por el desplome en la recaudación del impuesto

Ya antes de que el Tribunal Constitucional tumbase en sucesivas sentencias el impuesto de plusvalía municipal, los ayuntamientos gallegos, a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) había urgido la reforma del tributo ante los «trastornos» ocasionados a los contribuyentes al cobrar como plusvalías cuando en realidad era una minusvalía. A la par que hacían esta demanda en 2019, el órgano de poder local también reclamaba que se pusiera en marcha un fondo de compensación para las administraciones por la merma de los ingresos que acarrearía. Y como así sucedió. Hubo ejercicios en los que los concellos gallegos debían haber recaudado por este tributo más de 47 millones —2016, 2017, 2019 o 2021—, pero en el año posterior a la reforma (2022) los ayuntamientos de la comunidad solo cobraron 14,7 millones de los 17,32 que debían haber ingresado y en 2023, 30,7 de los 34,2 millones en derechos reconocidos.

«La reforma del impuesto fue rápida: en 15 días fue aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en el BOE», recuerda del presidente de la Fegamp, Alberto Varela. En cambio, advierte de que la compensación económica reclamada «sigue sin aprobarse y con el consecuente trastorno para los concellos, en un momento en el que se necesitan todos los recursos para poder atender los servicios locales e incluso los que otras administraciones no financian». «Aunque mejore la recaudación en 2024, esa compensación sigue siendo necesaria para paliar el impacto negativo de esa pérdida de ingresos», urge Varela.

Los expertos llaman a actualizar los valores catastrales: en su mayoría anteriores a 2001

Con la reforma del impuesto de plusvalía se establecieron dos formas de cálculo y se permite al contribuyente elegir la que les resulte menos gravosa. Una vía consiste en aplicar al valor catastral nuevos coeficientes actualizados al año y la otra sobre la diferencia de precio entre la compra y la venta. Lo que para el ciudadano de a pie resulta un tributo injusto y exagerado, para expertos en administración local deberían revisarse los valores catastrales con el objetivo de mejorar la capacidad fiscal del impuesto de plusvalía.

«Es necesario realizar un mayor esfuerzo de cara a la actualización de los valores catastrales por parte de las administraciones locales, especialmente en aquellos ayuntamientos con un mayor desfase temporal, una tarea de responsabilidad compartida con el Ministerio de Hacienda», destaca Alberto Vaquero. Según apunta, «existe un desfase temporal muy importante, que plantea un grave problema sobre la capacidad económica del contribuyente, y que, lejos de considerarse como una mayor exigencia para la ciudadanía, debe ser interpretado como una cuestión de equidad y eficiencia tributaria».

Un estudio del equipo Red Localis presentado en 2022 ya ponía sobre la mesa esta demanda ya que —tal y como recogía el informe— más de la mitad de los ayuntamientos (en concreto el 53%) habían realizado su última revisión catastral entre 1984 y 2001; un tercio lo habían hecho entre 2002 y 2011 y el 11% entre 2012 y 2016. Solo el 4% restante, entre 2017 y 2020.

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