Galicia recurre el reparto de menores migrantes ante el Constitucional

El Gobierno gallego acordó ayer en su reunión semanal recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley para el reparto de menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó esta resolución en marzo y a finales de mayo trasladó a las comunidades autónomas su propuesta sobre la capacidad que cada una tiene para acoger a menores inmigrantes. Galicia puede acoger hasta 864, según los cálculos del Gobierno, de manera que tendría que recibir a 620 más de los que tiene actualmente. En opinión de la Xunta es «un despropósito», que supondría más que triplicar el número de plazas actuales, que se sitúan en 244. «Y sin recibir un solo euro de financiación», denunció Política Social.

Por ello, la Xunta encargó a principios de junio un informe al Consello Consultivo de Galicia para decidir si interponía o no un recurso contra el decreto. Con el dictamen de este órgano consultivo sobre la mesa, el líder del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, manifestó que este «de manera detallada» proporciona «varias razones y argumentos jurídicos» en los que se apoyan para recurrir. «Lo principal es que hay una invasión clara de las competencias de las autonomías en asistencia social y de protección a los menores», alegó en su comparecencia, a la vez que criticó que el Gobierno central «opta por la vía de la imposición» en esta materia.

Rueda aseguró que «no me queda otra» que interponer un recurso de inconstitucionalidad. Como en anteriores ocasiones, el mandatario gallego reclamó que las cosas «se hagan bien, con planificación y financiación», puesto que Galicia «no se va a negar nunca a ser solidaria» si el reparto se realiza «de otra manera». «Se trata de un decreto sin objetivar y sin tener en cuenta que los servicios los prestan las comunidades», expuso. El Consello Consultivo cuestiona también el uso del real decreto ley para este supuesto, al tratarse de «una figura a la cual se debe recurrir en casos de urgente y extraordinaria necesidad», por lo que «no es la figura legal adecuada». Otras comunidades como Madrid o Andalucía ya lo han recurrido y también Castilla-La Mancha, donde gobierna el socialista Emiliano García-Page.