Bustinduy admite que el Gobierno debe dar el 50% de los fondos para dependencia, pero culpa al PSOE

Como si no fuera el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, es decir como si no fuera el responsable de las políticas y la financiación del sistema de dependencia, Pablo Bustinduy, admitió ayer en el Congreso que el Gobierno español debe «sin dilaciones» y «sin excusas» financiar en un 50% el modelo de ayuda a los dependientes en España. Y si no sucede así, aunque el ministerio es suyo, la culpa es del PSOE, su socio de gobierno.

En respuesta a una pregunta del diputado del BNG Néstor Rego, el ministro de Sumar aseguró: La financiación del 50% «es un compromiso político que obtuvieron ustedes (por el BNG), que obtuvimos nosotros (Sumar) y que quedó reflejado en el acuerdo de Gobierno y que por tanto debe ser satisfecha. El Ministerio de Derechos Sociales y el espacio político de Sumar así lo ha defendido y así lo exige, como no podría ser de otra manera porque los acuerdos hay que cumplirlos. Le agradezco su pregunta y la presión política para que así suceda».

Desde la Xunta son muy beligerantes con el incumplimiento del Gobierno central y por activa y por pasiva denuncian que el Ejecutivo español le adeuda más de 2.500 millones de euros al no aportar la mitad de los recursos necesarios para financiar las ayudas a la dependencia. Este incumplimiento viene de lejos, incluso cuando quien mandaba en Moncloa era el PP. La Consellería de Política Social critica que lejos de crecer la aportación del Estado, se ha reducido, pues ha pasado de poner el 40% de los recursos en 2023 al 34,9% en 2024.

Bustinduy cifró ayer en 5.406 millones el recorte del Gobierno de Mariano Rajoy en políticas de dependencia para toda España «con sus políticas malditas de austeridad».

Por el contrario puso en valor que sin llegar al 50% prometido, desde que Unidas Podemos se hizo cargo del Ministerio en 2020 la partida del Gobierno español se ha duplicado. «Ha aumentado más de un 100%, lo que permite que hoy el sistema atienda a 300.000 personas más y que haya 100.000 menos en lista de espera». .

Según Néstor Rego, el Ejecutivo «presume de impulsar políticas sociales» y «no tanto una de las más relevantes y necesarias» como es la atención a la dependencia, que continúa con una financiación «insuficiente, especialmente, por parte del Estado». Rego criticó que no haya cumplido el compromiso de aportar el 50% de los recursos económicos, «a pesar de que el PSOE, se comprometió» a ello en el acuerdo de investidura y en el programa de gobierno.

El diputado del BNG explicó que la falta de fondos «impacta de forma directa en millares de personas, en su vida, de forma positiva cuando se actúa y de forma negativa cuando no se atiende adecuadamente», por lo que exigió que se cumpla con «las personas que más lo necesitan».

En la Consellería de Política Social, molestaron más las declaraciones del parlamentario nacionalista que del ministro. Interpretan la pregunta de Rego en la sesión del control al Gobierno como «una pantomima, una teatralización del BNG intentando justificar lo injustificable: su apoyo incondicional al Gobierno central pese a los casos de corrupción».

El departamento que dirige Fabiola García recuerda que en 2020 el BNG firmó con el PSOE un acuerdo de investidura en el que los socialistas se comprometían a que el Estado aportaría el 50% de los recursos de dependencia a cambio del voto del Bloque para hacer presidente a Pedro Sánchez. Y en 2023, pese a este incumplimiento y otros, volvieron a reeditar ese pacto de investidura. «Cinco años después, el BNG se presenta en el Congreso para reclamar lo que ellos mismos pactaron con sus socios y que nunca cumplieron». Lamentan desde la Xunta que en cambio el BNG nunca les apoyara en su demanda de más financiación.

Fabiola García pide más fondos para la estrategia LGTBI

La conselleira de Política Social, Fabiola García, reclamó ayer sin éxito financiación estatal para aplicar en Galicia la Estrategia estatal para la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas LGTBI. Este plan fue acordado ayer por el Ministerio de Igualdad y las comunidades en Conferencia Sectorial. Fabiola García defendió que es «imprescindible « que el Ejecutivo central aporte fondos para la puesta en marcha de esta estrategia. El objetivo es que este plan «que supone un avance para los derechos de las personas LGTBI no quede en papel mojado, como está sucediendo con la ley ELA o con los constantes recortes en materia de dependencia».