La Fiscalía pide de 4 a 6 años de cárcel por ‘hackear’ a la Diputación de Ourense

Se expone a multa, una indemnización de 146.000 euros y a pagar el daño informático | Llegó a desviarse un millón de euros en otoño de 2019

j. fraiz

Ourense

Un millón de euros de dinero público de la Diputación de Ourense fue desviado de forma fraudulenta con un ataque informático cometido en tres fases, entre septiembre y noviembre de 2019. El primer ciberdelito fracasó. Fue posible paralizar una transferencia de 840.351,78 euros porque se detectó el engaño. El segundo y el tercer episodios lograron desviar cerca de 170.000 euros mediante dos transferencias. Además quedaron dañados los servidores informáticos de la institución. La web estuvo inutilizada durante días. Cinco años y medio después del hackeo, el único acusado, el administrador único de una empresa mercantil SL a la que presuntamente fueron a parar las dos operaciones de 170.000 euros, ya conoce la petición de pena que la Fiscalía de Ourense formula contra él.

El ministerio público solicita entre 4 y 6 años de cárcel. Dependerá de si la Audiencia Provincial considera que el delito principal constituye una estafa continuada —la fiscal pide 5 años de prisión y 4.500 euros de multa—, o bien se trata de un delito de blanqueo de capitales, alternativa para la que propone 3 años de condena y una sanción de un total de 293.195,68 euros.

Hay un segundo delito que se le atribuye, en cualquier caso: daños informáticos, cuya petición de pena asciende a doce meses de prisión. El acusado se expone a tener que indemnizar a la institución provincial con 146.597,84 euros, además de la cuantía de los perjuicios ocasionados tras el encriptamiento en los ordenadores de la administración. El importe del daño informático se determinará en el juicio.

El sospechoso, J. L. C. B., que era el representante en Europa de un fondo de inversiones cuando fue detenido en Las Palmas de Gran Canaria por su presunta implicación en los hechos, carece de antecedentes penales. La Fiscalía asume que, aunque no se ha podido llegar a más implicados, el encausado actuó presuntamente contra la Diputación de Ourense «de común acuerdo con persona o personas que no han resultado identificadas, pero vinculadas con él», sostiene la acusación pública.

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