La sentencia que excluye a Altri de las ayudas estatales hace temblar su planta en Galicia

El futuro de la megafactoría de celulosa que la multinacional Altri proyecta en Palas de Rei y que ha despertado mucha contestación social, se complica ante la "señal clara", según el Gobierno español, de que no recibirá ayudas estatales tras quedar fuera del Perte de descarbonización

Proyecto 'Gama', que planea Altri para Palas de Rei (Lugo).

Proyecto 'Gama', que planea Altri para Palas de Rei (Lugo). / GREENFIBER

Santiago

El futuro de la megafactoría de celulosa que la multinacional Altri proyecta en Palas de Rei (Lugo) y que ha despertado mucha contestación social, se complica ante la "señal clara", según el Gobierno español, de que no recibirá ayudas estatales tras quedar fuera del Perte de descarbonización. La factoría fue excluida, en primera instancia, del reparto de beneficiarios de este programa de ayudas, donde aspiraba a 30 millones de euros, al lograr la segunda peor puntuación de los proyectos presentados. Tras ello, la sociedad que la impulsa, Greenfiber -participada por Altri y Greenalia- desistió formalmente de los fondos.

¿Es la estocada final? Es la pregunta que le hizo un periodista este miércoles en Vigo a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y su respuesta fue tajante. "Desde luego, es una señal clara de que ese proyecto no va a contar con ayudas por parte de la Administración General del Estado. Y por supuesto, entendemos que tenemos siempre que abogar por proyectos que tengan garantías ambientales", dijo.

Este "no", al menos con el Ejecutivo actual, parece complicar el destino de la planta de Altri que, según sus promotores, precisa de una inversión de 1.000 millones de euros, de la cual el 50% procedería de deuda, el 25% de inversión privada y el 25% restante de ayudas públicas.

Los 30 millones del PERTE son sólo una pequeña parte de los 250 que necesita, según Greenfiber, de fondos públicos, y en el aire estaba la posibilidad de una ayuda directa, como han recibido en el pasado otros proyectos industriales.

Tras las declaraciones de Aagesen, Greenfiber se apresuró a remarcar en un comunicado la "solidez ambiental" y el "encaje normativo" de su proyecto y replicar que no ha solicitado "ayudas del Estado", sino el acceso a fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esos fondos, no obstante, son gestionados por el Gobierno central, y la compañía añadió que está trabajando "en nuevas vías de financiación pública compatibles".

La postura del Gobierno español contrasta con la de la Xunta de Galicia, que ha defendido en varias ocasiones la inversión en Palas de Rei e incluso emitió una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable. Queda pendiente la Autorización Ambiental Integrada, que también depende de la Xunta.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, le trasladó a Aagesen el miércoles, cuando estuvieron reunidas, que "esté perfectamente tranquila y segura de que todas las declaraciones de impacto ambiental que salen de Galicia, favorables o desfavorables, cumplen estrictamente con la legislación vigente", que es estatal.

Pidió también que se trate igual a Galicia que a otras comunidades para la instalación de proyectos industriales. Esa petición llega igualmente desde el Ayuntamiento de Palas de Rei, favorable a la megafactoría por la inversión y los puestos de empleo que creará -500 directos, según la empresa-. "Este es un tema con un interés político detrás. En unos sitios vale, en otros sitios no. Y parece que a determinadas opciones políticas Palas de Rei no les gusta", ha asegurado a la agencia EFE el alcalde, Pablo Taboada, que mantiene "cautela" para ver qué ocurre con las ayudas.

Taboada ha señalado que, en 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó que Altri sí tendría ayudas. "¿A quién le hago caso?", ha cuestionado el regidor, que considera que "es un tema que tendrán que arreglar dentro del Gobierno".

Los ecologistas, que han impulsado una enorme movilización social contra Altri, quieren la confirmación de que no habrá ayudas públicas. "Nos gustaría oír cuál es la opinión del Ministerio de Industria", ha referido a EFE el coordinador de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos, que ha insistido en que es una iniciativa que "no puede optar a ni un sólo euro de dinero público, por lo lesiva que es en términos ambientales, sociales y económicos".

Entre esos impactos, destaca la afección a espacios protegidos, donde hay especies endémicas estrictas; los efectos nocivos sobre el río Ulla debido a la extracción de agua y a los vertidos; las emisiones de gases, y el impulso a la plantación de eucaliptos. "Lo que nos gustaría oír de la propia Altri es que renuncia a instalar su proyecto en Galicia y pasar página", ha concluido Santos. 

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