El Gobierno reabre el frente con las autonomías por el lobo tras el nuevo censo: «No se puede cazar»

Cuando la caza del lobo volvía a estar vigente al norte del río Duero tras los pronunciamientos a favor internacionales y de la UE —incluso Cantabria ya mató alguno— y la polémica entre las comunidades loberas del norte con el Gobierno parecía abocada a desvanecerse, ayer surgió un nuevo frente que reabre la confrontación.

Con motivo de la presentación del último censo sobre el lobo, el Ministerio para la Transición Ecológica recurrió a un nuevo argumento para intentar frenar su caza. Sostiene que España en su conjunto está lejos de las 500 manadas que garantizarían, según criterios científicos, el futuro de la especie y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció en 2024 «con meridiana claridad» que si la situación del lobo es desfavorable en una parte del territorio «lo es en todo el país y no puede ser objeto de gestión mediante técnicas letales».

Este criterio, por novedoso, sorprendió a las comunidades autónomas, que ayer estaban convocadas a la Comisión Sectorial de Medio Ambiente, entre cuyos puntos del orden del día figuraba, precisamente, el debate sobre el informe sexenal del cánido.

Ese documento recoge el último censo de la especie, que se hace precisamente con los datos aportados por las propias comunidades, y se dio a conocer justo antes de la comisión sectorial. Esto provocó las protestas de trece comunidades, Galicia entre ellas, que consiguieron retirar el debate sobre el lobo y llevarlo al 11 de julio, porque estos datos tenían que conocerse a mediados de junio.

La Xunta lamentó la «profunda deslealtad institucional» del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que, tras anunciar la retirada de ese punto «intentó a lo largo del encuentro abordar el tema escudándose en que se tratarían cuestiones jurídicas».

Según ese censo (2021-2024) hay 333 manadas en toda España —entre 1.600 y 1.700 ejemplares, menos que el número de linces—, lo que supone un incremento del 12% respecto al censo anterior (2012-2014), en el que se registraron 297 manadas. En el caso de Galicia son las 93 ya que había contabilizado y publicado la Xunta.

Transición Ecológica indicó además en que en los últimos meses se han puesto en marcha planes de eliminación de lobos que podrían alcanzar los «100 ejemplares computados», lo que supondría unas 20 manadas y dejaría la situación de la especie al mismo nivel que en 2019.

En todo caso, como son menos de 500 manadas, el Gobierno entiende que no se pueden cazar amparándose en la sentencia del TJUE y mientras la población lobera no alcance el umbral que garantice si viabilidad genética.

Por ello, Transición Ecológica sostiene que los tribunales territoriales «que han aplicado criterios diferentes en distintas comunidades» a la hora de bloquear —como en Galicia— o refrendar la caza, acabarán aplicando el pronunciamiento del TJUE «en iguales condiciones».

La ministra, Sara Aagesen, alertó con posterioridad a la comisión sectorial de que la desaparición del lobo ibérico tendría «consecuencias en cascada sobre la biodiversidad». «El lobo es una especie fundamental, regula poblaciones de ungulados, previene enfermedades y mantiene la estabilidad de nuestros ecosistemas», dijo.