Correctivo sin igual a la administración por el precio de las expropiaciones

El Xurado de Expropiación de Galicia (XEG), el órgano que dicta los precios cuando no hay acuerdo entre los dueños de los terrenos y la Xunta, las diputaciones o los concellos por la ocupación forzosa del suelo, aplicó el pasado año el mayor correctivo de la historia a las administraciones al obligarles a adquirir las fincas por un importe un 144% superior al que inicialmente estaban dispuestas a pagar. Nunca antes desde que empezó a funcionar el XEG se había registrado semejante discrepancia entre el precio que pretendía abonar la administración pública y el valor final de la tierra.

En términos generales, la Xunta, los concellos y las diputaciones propusieron el pasado año pagar 3.251 euros de media por expediente elevado al Xurado. Y este dictaminó que el precio justo era de 7.947 euros, lo que supuso una sobrevaloración de 4.695 euros. Así, frente a los 4,165 millones de euros con los que pretendían satisfacer a los propietarios, se pasó finalmente a 10,180, algo más de 6 millones de euros por encima de los calculados por las administraciones expropiadoras.

Que haya discrepancias es lo normal, pero que sean por tanta diferencia, ya no. El caso es que entre los años 2006 —cuando empezó a funcionar el XEG— y el pasado año, el Xurado incrementó las valoraciones de las fincas expropiadas en casi 164 millones de euros. El precio medio por expediente en todos estos años fue de 10.430 euros, unos 2.880 por encima de lo que estaban dispuesto a pagar las administraciones.

El pasado año se valoraron en el XEG un total de 1.281 expedientes, si bien se entraron 1.767. La diferencia radica en que no todos se llegan a evaluar porque algunos acaban rechazados, se producen terminaciones especiales o se llega a un acuerdo mutuo.

La principal administración con expedientes por disconformidad con el precio es la Xunta, aglutinado el 67,23% del total, mientras que el resto, casi el 33%, correspondió a los ayuntamientos y diputaciones, que han ganado peso en el reparto de la tarta con respecto a años anteriores. En el histórico de litigios por el valor del suelo en las ocupaciones forzosas, la Xunta promovió el 85% de las expropiaciones.

Como en años anteriores, la Consellería de Economía e Industria es el departamento con más expedientes. La razón son los innumerables proyectos que autoriza para la instalación de línea eléctricas, construcción de parcelas industriales y parques eólicos. El pasado año protagonizó el 38% de todos los conflictos por el precio. En segundo lugar figura la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, con el 27%.

Una diferencia entre las dos consellerías es que mientras la de Vivenda ha resultado entre los años 2006 y 2024 beneficiada en el 62% de los proyectos de expropiación que promueve, la de Economía nunca lo es. Siempre ocupa el suelo a favor, en su totalidad, de empresas privadas, singularmente las relacionadas con el sector eléctrico, destacando sobre todas Unión Fenosa.

Del total de expedientes que entraron el pasado año para dictar el precio justo, un poco más de la mitad (el 52%) lo fue a consecuencia de la construcción carreteras, caminos y autovías. Le siguió, con el 33,1%, la instalación de líneas eléctricas y, con un 4,2%, la construcción de parques eólicos.

Desde el punto de vista del análisis geográfico, la de Pontevedra fue la provincia que resultó más activa en 2024. De ahí procedía el 44% de los casos. Tras ella está la de A Coruña, con un 37% de los expedientes. Las de Ourense y Lugo presentan una actividad muy baja.

En cuanto a las corporaciones locales, la que más conflictos generó en 2024 por el precio fue la Diputación de A Coruña, pues solo ella ya provocó el 27% de todos los expedientes que llegaron al Xurado de Expropiación de Galicia.