La Xunta pasará examen a su plantilla y penalizará a los empleados si no rinden

Los empleados públicos de la Xunta tendrán que someterse cada año a una evaluación de su desempeño que medirá si cumplen con los objetivos previstos y analizará si son productivos, si se esfuerzan o son resolutivos. A partir de ahora superar esta prueba será condición imprescindible para ascender en la carrera profesional que les permite cobrar un plus para engordar su nómina. Si suspenden estarán obligados a hacer cursos para mejorar su cualificación profesional y además se les penalizará: podrán ser cesados de puestos directivos o removidos de plazas obtenidas por concurso, se les denegará el teletrabajo o las prórrogas a su jubilación y en el caso de que estén cobrando el grado máximo de carrera y lleven dos evaluaciones negativas incluso se les podrá bajar el sueldo. Esto afecta a más de 20.000 trabajadores de la Administración xeral de la Xunta. Queda excluido el personal docente, sanitario y del ámbito de la justicia.

La evaluación de los empleados públicos estaba ya contemplada en la Lei de Emprego Público de 2015, pero la medida fue aparcada en varias ocasiones. Ahora la intención de la Consellería de Facenda para ponerla en marcha es firme. Ya dispone del borrador de decreto que regulará esta prueba e iniciará su negociación con los sindicatos el próximo 17 de julio.

Esta norma regula tanto la evaluación de desempeño de los empleados de la Xunta como su carrera profesional puesto que, aunque ya se había activado el sistema de ascensos para que los trabajadores públicos pudieran mejorar sus retribuciones, el modelo era de momento transitorio. Si hasta ahora la antigüedad era el principal requisito para escalar de nivel, tras la aprobación del decreto se exigirá, además de los años trabajados, haber superado las evaluaciones de desempeño. La carrera profesional consta de cuatro grados y cada uno implica cobrar entre 800 y 2.589 euros más al año, según la categoría.

Los empleados públicos tendrán ahora que ponerse las pilas si quieren cobrar estos pluses de carrera. En la evaluación de desempeño se medirá, por un lado, el cumplimiento de objetivos colectivos, con un peso del 30%, que alude a las metas que se fije en conjunto cada departamento. Pero también se analizarán los objetivos individuales logrados (que ponderan un 50%) y las competencias de cada trabajador (20%).

El borrador de decreto aclara que los objetivos individuales serán «medibles, específicos, alcanzables y realistas». Cada departamento o área de trabajo deberá implantar un sistema de registro de actividad, que recogerá las tareas que se encomiendan a cada empleado y que deben desarrollar en un periodo determinado. Los trabajadores públicos deberán reflejar ahí su actividad diaria. Si se niegan a hacerlo estarán cometiendo una infracción grave y podrán ser sancionados. Para obtener un aprobado deberán obtener una puntuación de seis sobre 10.

En el caso de la evaluación de las competencias individuales, se hará a través de encuestas a los compañeros de trabajo. Deberán también obtener como mínimo una nota de seis sobre 10. Se les preguntará por su capacidad de organización, productividad, iniciativa, esfuerzo, si son minuciosos o se adaptan a los cambios.

Desde CSIF avisan que la evaluación debe ser «independiente y transparente y no estar sujeta a decisiones políticas para preservar la independencia del funcionario».

Decálogo del buen funcionario

Una parte de la evaluación de cada empleado consistirá en una encuesta a sus compañeros de trabajo para definir sus competencias.

La Xunta desgrana en el borrador de decreto que regula esta prueba los criterios que serán sometidos a cuestión y que desvelan las virtudes que, según esta norma, debe reunir un empleado público. Aunque son distintos, según se trate de las categorías más altas o las bajas, son, en total, 10 los méritos que se valoran. En el caso de los funcionarios de más nivel, se premiará su capacidad de decisión: que sea capaz de elegir entre varias alternativas posibles de forma rápida y precisa. También su organización y planificación del trabajo y su habilidad para resolver problemas. «Que solvente incidencias incorporando soluciones creativas, rápidas y con satisfacción de las partes implicadas», recoge la norma. También se requerirá a los trabajadores «adaptación a los cambios» y que tengan conocimientos técnicos. Y, por supuesto, que sean productivos, tanto en calidad como en cantidad.

Se valorará igualmente la iniciativa, que los trabajadores de la Xunta adopten una actitud «proactiva y emprendedora». Otro mérito a valorar será que los empleados públicos compartan sus conocimientos con los demás compañeros y que sean voluntariosos: «que tengan interés, constancia y continuidad voluntarias en el trabajo».

La «conducta profesional» también se somete a examen. Se verán sus buenas prácticas laborales, que exista armonía social con los compañeros y que se trabaje «con diligencia, puntualidad, constancia, justicia y honestidad». En el caso de los empleados de categorías más bajas se valorará además su capacidad de aprendizaje y su esfuerzo y perseverancia, además de la «minuciosidad y la responsabilidad»: «precisión en la realización de funciones, hacer el trabajo cuidadosamente y prestar atención a los detalles».

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