Choque entre Santiago y la Xunta por la declaración de la zona tensionada

La declaración de la capital gallega como zona tensionada volvió a generar ayer polémica entre el Ayuntamiento de Santiago y la Xunta de Galicia. Después de que el martes el Gobierno autonómico desestimase la solicitud municipal alegando errores en la documentación, ayer el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, denunció que detrás de esta decisión solo puede haber una motivación «política», por lo que el Consistorio no descarta recurrir por la vía judicial.

Concretamente, Lestegás aseguró que el Ayuntamiento aclaró «punto por punto» el requerimiento remitido por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), criticando que la nota de prensa remitida por la Xunta a los medios tuviese «más explicaciones» que la resolución de la desistencia de la solicitud. «Si la decisión fuese técnica o jurídica, habría más motivación en la resolución que en la nota de prensa. Pero es exactamente al revés, y esto evidencia la intencionalidad política», explicó ante los medios. Por lo tanto, avanzó que el Ayuntamiento recurrirá la decisión, para lo que «no descarta ninguna opción», ni la administrativa ni la judicial, aunque esta llevaría más tiempo.

Al respecto, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, aseguró ante las preguntas de los medios que ella misma contactó con la alcaldesa compostelana, la nacionalista Goretti Sanmartín, porque el Ayuntamiento tenía 30 días para responder al requerimiento, algo que, finalmente, dijo, no hizo. “Presentaron una contestación, no aportando la documentación requerida”, aseguró, insistiendo en que lo que no se puede hacer «es excepcionar una normativa aplicable». De todas formas, la ciudad podrá volver a presentar la petición con la documentación que exigía el IGVS para que pueda ser «tramitada adecuadamente», indicó, lo que implicaría reiniciar el proceso.

Sobre esta cuestión también ayer se manifestaron el resto de grupos municipales con representación en el Ayuntamiento que, con excepción al PP, condenaron la decisión de la Xunta, aunque también fueron críticos con la respuesta del Consistorio. Así lo hizo la concejala no adscrita, Mercedes Rosón, que, si bien dijo saber desde el principio que el Gobierno gallego pondría «palos en las ruedas» para evitar la declaración, también reprochó al Ejecutivo de Sanmartín «darle excusas» al PP y «pecar de soberbia» negándose a modificar la solicitud. En la misma línea, el portavoz del PSOE, Gumersindo Guinarte, reprochó que la «actitud pasiva» de la alcaldesa esté «frenando el avance» de la medida, pero también pidió a la Xunta que «deje de poner obstáculos burocráticos» y atienda una petición que beneficia a la ciudadanía que «sufre la falta de una política real de vivienda».

Finalmente, el PP local acusó al Ayuntamiento de «incompetencia», por no ser «capaz de responder a un requerimiento que le remite otra administración».