Los incendios en Galicia tensan el inicio de un curso político cargado de polémicas
Además de los fuegos, tras el parón estival regresará la actividad política con varias mociones de censura a la vista y con múltiples puntos de fricción entre Xunta y Gobierno o entre administraciones y partidos con visiones enfrentadas acerca de las competencias autonómicas, el proyecto de Altri, el reparto de menores migrantes, el futuro del sector eólico, las tasas turísticas o las zonas tensionadas, entre otros asuntos

Sesión parlamentaria en O Hórreo. / Xoán Álvarez
EFE
La ola de incendios que asola Galicia, sobre todo la provincia de Ourense, este verano ha tensado aun más el clima político en la comunidad para un inicio de curso que ya se presenta cargado de polémicas, tanto entre la oposición y la Xunta como entre esta y el Gobierno central.
Un Consello de la Xunta extraordinario este viernes en Ourense, mientras en el Parlamento se reúne la Diputación Permanente, en ambos casos para abordar los incendios, darán el pistoletazo de salida a la temporada política.
A la espera de la inauguración oficial que tradicionalmente realiza el PP, con su líder Alberto Núñez Feijóo, el último fin de semana de agosto en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) -pendiente de la evolución del tiempo como de los incendios- ya hay una cita fundamental marcada en el Parlamento: el martes 9 de septiembre. En este primer pleno tras el parón estival está previsto que comparezca el presidente gallego, Alfonso Rueda, para dar explicaciones sobre la gestión realizada ante los incendios, que llevan arrasadas más de 95.000 hectáreas, según la Xunta, y más de 160.000 contabilizadas por el sistema europeo Copernicus.
Desde el BNG han reclamado incluso una comisión de investigación al respecto, una cuestión que probablemente será abordada también en el primer pleno del curso, aunque no cuenta con los votos suficientes para salir adelante si el PPdeG se opone a la creación de este instrumento parlamentario. Los nacionalistas gallegos van a esperar hasta entonces para dar por inaugurado el curso y este mismo jueves reúnen a su Ejecutiva, tras la que comparecerá la portavoz nacional, Ana Pontón, que reapareció hace dos semanas en Ourense para reclamar medidas ante los incendios y reprochar a la Xunta su "modelo fracasado" y su "abandono" del rural.
También el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha dirigido sus críticas a la Xunta en este sentido, y la semana que viene reunirá a los alcaldes socialistas en Ourense para abordar con ellos la situación ante la oleada de incendios.
Para Rueda, que hizo su primera convocatoria sobre los incendios el 12 de agosto, la oposición ha estado "bastante desaparecida" durante los primeros días de esta emergencia y sus críticas están basadas en "datos falseados" por lo que les ha instado a ser "constructivos", algo que seguramente repetirá en su comparecencia.
El presidente gallego ha defendido en todo momento el dispositivo contra incendios de la Xunta como "el mejor" de España y, aunque ha dicho querer evitar cualquier tipo de polémica, ha entrado al trapo en numerosas ocasiones para reprochar al Gobierno central que no ha respondido a todas sus peticiones de medios para combatir los incendios.
Múltiples batallas pendientes
Así que la gestión de esta crisis ha sumado un nuevo frente a las múltiples batallas de la Xunta con el Ejecutivo central, que estos días también se ha recrudecido en referencia al reparto de menores migrantes no acompañados, recurrida por Galicia ante el Tribunal Constitucional, al igual que la ley de vivienda y otras normas estatales.
Lo previsible es que en el nuevo período de sesiones estas discrepancias solo vayan en aumento, junto con las reclamaciones de competencias pendientes; algunas tan imperecederas como la titularidad de la AP-9, y otras más recientes, como la gestión de los aeródromos o los permisos de trabajo para inmigrantes.
En este clima de enfrentamiento con la Administración central, la Xunta esgrimirá su capacidad para aprobar los presupuestos para 2026 "en tiempo y forma" frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez que lleva varios años de prórrogas. Las cuentas públicas siempre son uno de los platos fuertes del inicio del curso político y ocupan buena parte de la actividad parlamentaria hasta Navidades. Este año no será diferente, ya que, tras aprobar el techo de gasto de 14.177 millones de euros a principios de agosto, en octubre llegará el proyecto presupuestario al Parlamento.
Pero este final de año trae más temas, como la macrofactoría de celulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo), con enorme contestación política y social y pendiente de la autorización ambiental integrada por parte de la Xunta.
Otra cuestión será el desarrollo del sector eólico tras el fallo del Tribunal Europeo (TJUE) que avala el criterio de la Xunta sobre los informes sectoriales y el trámite de información pública a los interesados.
También estarán sobre la mesa la reforma del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), lastrado por la falta de financiación y la inseguridad de sus trabajadoras; la situación de la sanidad pública; o la aprobación de la ley que prohibirá la venta a menores de vapeadores y las bebidas energéticas.
Un convulso panorama municipal
Otro de los focos de la actividad política estará en los municipios, no solo por la miríada de mociones de censura que se han desencadenado en Galicia tras la sentencia del TC que permite la utilización de los tránsfugas, sino porque en las principales ciudades entran en vigor medidas que ya nacieron con polémica.
En septiembre, A Coruña, gobernada por el PSdeG, empezará a aplicar la tasa turística, algo que Santiago de Compostela, dirigida por el BNG, hará en octubre; y Vigo ya ha iniciado el proceso para aprobarla.
Además, A Coruña se ha convertido en zona de mercado residencial tensionado, con la posibilidad de limitar el precio de los alquileres de vivienda, y Santiago insiste en hacer lo propio aunque la Xunta aún no le ha otorgado el permiso.
Mientras, otras localidades se sumarán al cambio de gobierno a través de una moción de censura, la mayoría a favor del PP, que inició Forcarei (Pontevedra), y que han seguido Noia, Touro y Fisterra, en A Coruña, a las que próximamente se sumarán también Carral en esa provincia y Viana do Bolo en Ourense.
La veda está abierta y en este año de ecuador de mandatos el convulso mapa municipal de Galicia podría dar un vuelco.
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