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Facenda ordenó el embargo en 2024 a 17.500 gallegos por impago de tributos

Adeudan más de 20 millones de euros a la Administración gallega | Otros 3.500 contribuyentes solicitaron aplazar o fraccionar tributos, la cifra más alta en ocho años

Contribuyentes en una oficina de la Atriga.

Contribuyentes en una oficina de la Atriga. / MARTA G. BREA

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Paula Pérez

Santiago

No pagar los impuestos en plazo puede acarrear graves consecuencias. La Consellería de Facenda ordenó el pasado año embargar bienes y cuentas a 17.500 gallegos por deudas tributarias que ascendían a 20 millones de euros. Éste es el último paso al que recurre la Administración autonómica para recaudar las cantidades adeudadas. Previamente se le remite una advertencia —o procedimiento de apremio—. Casi 51.945 contribuyentes recibieron en 2024 esta notificación instándoles a abonar los gravámenes que tenían pendientes como paso previo al embargo. Fueron un 17 por ciento más que el año anterior.

Casi el 70 por ciento termina saldando su deuda, con recargos incluidos. Pero en el resto de los casos la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) abrió diligencias de embargo: un total de 17.561.

Cuando un contribuyente elude sus obligaciones fiscales, la Atriga dispone de varios mecanismos para cobrar la deuda. El primer paso es dictar «providencias de apremio» en las que se advierte al ciudadano que debe abonar los tributos pendientes en un determinado plazo bajo la advertencia de que, si no lo hace, se procederá al embargo. Este procedimiento se inicia cuando finaliza el periodo de pago voluntario de los tributos. En estos casos, se le remite una notificación al deudor para que pague lo que debe más el correspondiente recargo.

En 2024, según la memoria de la Axencia Tributaria de Galicia, se enviaron estas notificaciones a 51.945 gallegos para reclamarles una cuantía de 73,3 millones de euros.

Si el impuesto se paga fuera del plazo voluntario, pero antes de que les llegue la notificación de apremio el recargo es del 5 por ciento. Solo el 6 por ciento de los deudores (1.924) abonaron sus impuestos en este lapso de tiempo.

Si les llega la carta y abonan la deuda antes del plazo estipulado en ella abonarán un recargo del 10 por ciento. Éste fue el caso de 9.500 contribuyentes, el 30 por ciento de los deudores. Pero si superan ese plazo la penalización será del 20 por ciento. Ése fue el recargo que se le aplicó a 20.400 contribuyentes que adeudaban 15,7 millones en impuestos.

Si estas notificaciones de apremio no surten efecto y no se abonan los tributos pendientes de pago se dictan entonces diligencias de embargo. Según los datos de la Atriga, en 2024 se gestionaron 17.561 para reclamar deudas por importe de 20 millones de euros.

Si el contribuyente no paga la deuda y los recargos, la Administración puede proceder al embargo de sus bienes y derechos. Posteriormente, estos bienes pueden ser subastados para recuperar las cuantías impagadas.

Sin embargo, tal y como explican desde la Consellería de Facenda, no siempre es necesario recurrir a estas subastas para recuperar la deuda pues «una parte importante» se termina abonando por parte de los deudores cuando tienen noticia de que sus cuentas bancarias están bloqueadas.

Esto explica que la Atriga solo obtuviese 1,4 millones de euros en 2024 tras ejecutar los embargos. «Se suele pagar antes de que se haga efectivo ese embargo», explican desde la Consellería de Facenda.

En todo caso, si un ciudadano tiene dificultades para hacer frente al pago de los impuestos autonómicos puede pedir un aplazamiento o un fraccionamiento del mismo. El pasado año aumentaron, de hecho, los contribuyentes que lo solicitaron. Un total de 3.492 gallegos pidieron a Facenda facilidades para abonar sus obligaciones fiscales por importe de 23,4 millones de euros. Es la cifra más alta de aplazamientos de los últimos ocho años, según los datos de la Axencia Tributaria.

La Xunta busca además una mayor eficacia en la recaudación de impuestos impagados. Hasta 2023 esta función estaba en manos de gestores privados las llamadas zonas de recaudación. Desde ese año la Administración autonómica ha ido asumiendo progresivamente esta labor haciéndose cargo del cobro de deudas. El proceso finalizará en 2026 al asumir también las tareas de ingreso de deudas por vía ejecutiva en el área de Pontevedra, la única que aún quedaba en manos privadas.

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Fuente: Faro de Vigo

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