Un análisis en las depuradoras permitirá detectar nuevas drogas en la comunidad
Se empezará por las instalaciones de Santiago, Tui, Lugo, Pontevedra y Ourense
b. t.
La detección de nuevas drogas en la sociedad y de patrones de consumo de estupefacientes puede ser, en ocasiones, difícil de llevar a cabo. Por ello, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, anunció ayer que la Xunta iniciará un proyecto cuyo objetivo es detectar estos consumos a través del análisis de las aguas residuales. Este proyecto piloto se desarrollará, en principio, en un total de cinco depuradoras —Tui, Lugo, Pontevedra, Ourense y Santiago de Compostela—, si bien el Ejecutivo prevé que, con el tiempo, se amplíe a más.
Se trata de conseguir datos objetivos «sobre el patrón de consumo de drogas emergentes mediante la vigilancia de estas aguas para actuar a nivel de salud pública», explicó, al tiempo que apuntó que los profesionales encargados de esta tarea analizarán la presencia en el agua de cannabis, cocaína y fentanilo, así como otras sustancias. El propósito, detalló, es detectar «cuanto antes» el consumo de nuevas sustancias para prevención en el ámbito de la salud pública.
El proyecto se llevará a cabo mediante un convenio de colaboración entre la Consellería de Sanidade, Augas de Galicia y la Universidade de Santiago de Compostela, que proporcionará el espacio físico y los medios materiales necesarios, así como a profesionales cualificados y especializados que aplicarán técnicas avanzadas de cromatografía y espectrometría. Para ello, contarán con una partida de 50.000 euros.
Este instrumento es innovador en Galicia, si bien su uso ya está extendido a nivel europeo. «Recoge información complementaria y anónima, cubriendo amplias poblaciones. Además, ofrece resultados rápidos que complementan otros indicadores epidemiológicos», señaló Calvo. Ya hubo controles de este tipo durante la crisis sanitaria del COVID.
Por otro lado, el Consello de la Xunta dio ayer luz verde a una nueva línea de ayudas, dotada con un presupuesto de 2,5 millones de euros, para apoyar a los ayuntamientos y a las entidades locales en el desarrollo de programas y actividades de prevención de conductas adictivas. Calvo explicó que lo que se busca es «disminuir el impacto sanitario y social de los trastornos adictivos».
Condonación de la deuda
Por otro lado, la Xunta presentará alegaciones contra el anteproyecto de ley de condonación de la deuda, al tiempo que volvió a reclamar que se negocie un nuevo modelo de financiamiento. «No se perdona la deuda a las comunidades, sino que se paga entre todos», declaró, por lo que se trata de «una medida injusta» adoptada con «criterios arbitrarios y no técnicos». Esta postura, apuntó, es la que expresa el Ejecutivo gallego en sus alegaciones en las que argumenta que el propio texto legal recoge que esa quita «no puede ir a mejorar los presupuestos en política social, educación y sanidad».
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