El Consello de Relacións Laborais alertó en 2024 de acoso a empleadas del SAF

El pasado 29 de julio una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio (SAF) fue asesinada en O Porriño por el marido de la mujer a la que atendía. Su muerte desató una ola de indignación y destapó las duras condiciones en las que trabajan estas empleadas. Aunque la precarización de este colectivo no era algo ajeno a las administraciones públicas. El Consello Galego de Relacións Laborais había advertido ya en 2024 de la precariedad laboral que sufrían y de los «riesgos» a los que se enfrentaban en el ejercicio de su labor: no solo de tipo físico por el sobreesfuerzo sino también psicológico. Y alertaba de «situaciones conflictivas» con las personas usuarias y sus familiares, además de «violencia» y «otros escenarios como acoso», con «comentarios o tocamientos puntuales».

Este órgano consultivo y asesor de la Xunta en materia laboral y conformado por representantes sindicales y empresariales hizo público el pasado año un extenso informe sobre el servicio de ayuda en el hogar en la comunidad autónoma de Galicia. En este documento advierten de que no se puede ofrecer un servicio de calidad si no se incrementan las horas de dedicación a cada usuario, pide además un mayor esfuerzo económico por parte de las administraciones para «poner fin a unas condiciones laborales precarias, caracterizadas por la escasa remuneración, la acumulación de tareas y la falta de protocolos de evaluación de riesgos laborales».

Sin embargo, no fue hasta el asesinato de la trabajadora de O Porriño que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) junto con la Xunta decidieron elaborar un protocolo de seguridad.

Pero meses antes el Consello Galego de Relacións Laborais ya reclamaba mejoras en la prevención de riesgos laborales de estas trabajadoras. En concreto, exige a los concellos que cuando contraten el servicio de ayuda a domicilio incluyan el cumplimiento de las medidas para prevenir siniestralidad laboral y garantizar la seguridad de su plantilla en los pliegos como «condición especial de ejecución», de manera que si incumplen la administración pueda sancionar a las empresas o incluso rescindirles el contrato en los casos de mayor gravedad.

En su análisis de los riesgos que soportan estas trabajadoras, el órgano consultivo advierte de los «conflictos» que pueden surgir por «la fala de definición de las funciones» de las empleadas del SAF. «Puede haber malentendidos entre el trabajo que deben realizar y las tareas que les encomiendan las personas usuarias o familiares», advierte y habla incluso de casos en el que estas disputas terminan en falsas acusaciones de robo hacia las auxiliares de la atención a domicilio. También avisa de casos de acoso o agresiones sexuales que no se denuncian porque las propias trabajadoras disculpan a los agresores porque están enfermos.

La ayuda a domicilio está incluida en la cartera de servicios de atención a la dependencia y, por lo tanto, cuenta con financiación de la Xunta, del Gobierno y de las entidades locales. En todo caso, son los concellos los que prestan este servicio y llevan años denunciando que está infrafinanciado.

El Consello Galego de Relacións Laborais concuerda con los concellos. La Xunta paga 12 euros por cada hora de ayuda a domicilio. «La vinculación del precio del contrato a las horas de servicio asignadas conduce a las personas trabajadoras del SAF a una situación de precariedad laboral que complica la posibilidad de ofrecer una calidad elevada a los precios mínimos que se fijan en la actualidad», resalta.

Administraciones y empresas deben aportar medios mecánicos para facilitar los cuidados

Además de afrontar situaciones de violencia o acoso, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio se encargan de levantar, bajar, sostener o desplazar a personas dependientes, lo que las obliga a un sobreesfuerzo que puede derivar en trastornos musculo-esqueléticos o en el desarrollo de enfermedades crónicas como artrosis, artritis o enfermedades inflamatorias. El Consello Galego de Relacións Laborais advierte que el problema es que «son escasos los domicilios» que están adaptados o que cuentan con sistemas de ayuda mecánicos como camas articuladas o grúas para mover a la persona dependiente debido, según argumenta, a la falta de capacidad económica de las familias. Y el problema, según alerta el órgano consultivo en materia laboral, es que la falta de una regulación específica dificulta que las lesiones que sufren estas trabajadoras sean reconocidas como enfermedad profesional o accidente de trabajo. Además «el carácter privado de los domicilios», que es el lugar de trabajo de estas empleadas, complica realizar una evaluación de riesgos laborales. El Consello Galego de Relacións Laborais propone que se incorpore a la Lei de Dependencia la obligatoriedad de que un técnico de prevención de riesgos laborales de la empresa realice una visita in situ a los domicilios para calibrar la situación. «Esto permitirá actuar en el origen evitando la indefensión de los trabajadores», apunta. También reclama que las empresas y administraciones públicas doten a estos domicilios de medios mecánicos, fundamentalmente grúas y camas articuladas, para movilizar a las personas usuarias, así como otro tipo de ayudas como sábanas deslizantes, asientos giratorios para los aseos o andadores.

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