El Gobierno gallego no encuentra funcionarios autonómicos para dirigir la inspección urbanística

Dentro del entramado institucional autonómico, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) es una de las piezas de mediana edad, pues comenzó a funcionar en 2008. Lleva casi dos décadas activa, pero es ahora aún cuando se ha decidido corregir determinados desajustes, que no son menores, que afectan a su operatividad. La Xunta asegura que tiene muchas dificultades para encontrar entre sus funcionarios a personas capaces de ponerse al frente de las unidades provinciales de vigilancia urbanística, por lo que va a modificar su catálogo de puestos de trabajo para que pueda elegir a sus jefes provinciales también entre los empleados públicos del Estado y de la administración local.

La Aplu tiene, entre otras funciones, la inspección y vigilancia urbanística, la acción de reposición de la legalidad en determinados supuestos como edificación y uso del suelo sin autorización en zonas verdes o espacios libres públicos o ejecución de obras en suelo rústico sin el preceptivo plan especial, sin autorización autonómica o sin ajustarse a las condiciones, además de imponer sanciones por infracciones muy graves o gestionar las potestades que le deleguen los concellos.

Aunque jerárquicamente dependen de la dirección de la Aplu, los cuatro servicios provinciales actúan de forma independiente y descentralizada, por lo que llevan todo el peso de la vigilancia y la inspección urbanística de la comunidad autónoma.

El problema, argumenta la Xunta, es que para ocupar las jefaturas provinciales, cuyo nombramiento se hace mediante libre designación, se requiere una cualificación profesional específica (arquitectura, ingeniería de caminos, canales y puertos o graduado en derecho o la pertenencia a la escala especial de inspección urbanística del cuerpo facultativo superior).

También sostiene que debido a la «especial responsabilidad» de las plazas, resulta «imprescindible» que las personas candidatas reúnan un perfil «con capacidad de gestión y organización para asegurar el correcto funcionamiento de servicio provincial».

Y la Xunta, según explica en su exposición de motivos, no lo tiene fácil para designar a los responsables de las unidades provinciales. No hay dónde elegir, ya sea para cubrir una vacante o una baja prolongada. Cuenta que ha tenido «dificultades» en los últimos años cuando trató de buscar sustitutos.

Advierte la Xunta que las situaciones de plazas vacantes repercuten en la propia función de inspección urbanística y en la gestión de la Aplu en su sede central, «puesto que paralizan el servicio provincial y sobrecarga los servicios centrales de la agencia, que tienen que asumir esas funciones».

Esta situación ya se ha producido un par de veces, teniendo que acudir a sustitutos que no reunían todas las condiciones. «En los supuestos en que se ha producido una vacante de estas plazas, tal como aconteció en Pontevedra y en Ourense, se tuvo que acudir a la figura de la suplencia por no encontrar candidatos que o bien no reunían la cualificación requerida o no cumplían el perfil de designación», asegura. Así que ahora propone modificar las condiciones para que pueda elegir entre funcionarios del Estado y de la administración local.

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