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La deuda con la Xunta de los inquilinos de pisos protegidos sube a 16 millones

Durante 2024, los cobros dudosos por alquiler y compra de vivienda pública aumentaron un 16% | El IGVS aplica políticas flexibles de pago, pero sin renunciar a recuperar el dinero

Construcción de viviendas de promoción pública. |  Marta G. Brea

Construcción de viviendas de promoción pública. | Marta G. Brea

X. A. Taboada

Santiago

Aunque las viviendas de protección pública se venden y alquilan a un precio contenido, esto no evita que también se produzcan impagos o demoras en el abono de las cuotas mensuales. Y la Administración autonómica no se libra tampoco de los morosos. El pasado año, a 31 de diciembre, la Xunta tenía pendiente de cobro casi 16,4 millones de euros correspondientes a los inquilinos que viven en los pisos gestionados por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Esta deuda, de «dudoso cobro», según la clasificación contable atendiendo a los principios de prudencia por tener una antigüedad superior al año, supone un incremento del 16% con respecto a la cifra de 2023, cuando el año se cerró con algo más de 14 millones de euros pendientes de cobro.

La partida más voluminosa corresponde a las cuotas por la venta de viviendas protegidas, que asciende a 10 millones de euros, según reconoce el propio IGVS en sus cuentas del año 2024. El resto, 6,33 millones, tiene básicamente su procedencia en los recibos del alquiler. Y en ambos casos, la característica común es que acumulan retrasos que superan el año de duración.

Pero la Xunta no renuncia a recuperar estas cantidades, si bien admite que aplica una política de comprensión con la situación de los inquilinos, consciente de que no siempre se les puede forzar a ponerse al día en las cuotas, tanto para los que tienen contratos de alquiler como para los que optaron por la compra.

«En necesario indicar que desde el Instituto Galego da Vivenda e Solo se está siguiendo una política de flexibilidad y aplazamiento de los pagos en las viviendas de promoción pública, en función de la situación económica y personal de los adjudicatarios, y que está dando frutos», explica la Xunta, aludiendo a este proceder está permitiendo recuperar parte de las deudas de dudoso cobro.

Añade que este tacto con los inquilinos va en consonancia con las medidas de política social establecidas por el Gobierno gallego, pero que en todo caso se trata de «evitar la prescripción de la deuda de los particulares».

La política de vivienda pública ha dado un giro de 180 grados en los dos últimos años ante las cada vez mayores dificultades de acceso, ya sea para vivir en alquiler o en propiedad. La escalada de precios cierra el paso a la emancipación o al anhelo de formar un hogar independiente.

El Gobierno central impulsa en todo el estado un plan para poner más residencia en el mercado, al tiempo que la Xunta también lo hace dentro de la comunidad autónoma. De hecho, es la principal línea de acción de la actual legislatura autonómica, en el que el presidente, Alfonso Rueda, se comprometió a duplicar el actual parque público hasta llegar a las 8.000 viviendas (ya hay 4.000 operativas) y facilitar suelo para construir otras 25.000, 20.000 de ellas protegidas.

Tras conocerse estos planes, una de las consecuencias en Galicia fue el incremento del número de inscritos en el registro de demandantes de vivienda pública de Galicia que gestiona el IGVS. Tras años estancado en las cifras, ahora no dejar de subir con la intención de hacerse con alguna de esas nuevas viviendas.

Ayer había apuntados 22.680 gallegos, de los que 10.714 pertenecen a la provincia de Pontevedra, la circunscripción con más necesidades residenciales. Solo en el ayuntamiento de Vigo ya hay 7.100 solicitudes, casi el doble que las correspondientes al municipio de A Coruña (3.770).

En la provincia coruñesa, el registro cuenta con 7.770 demandantes en total, por los 2.713 de Lugo o los 1.483 de Ourense.

En marzo, el número de aspirantes apenas llegaba a los 19.200, así que en siete meses se han inscritos otros 3.500, lo que muestra el alto interés.

Tener empleo y sueldo ya no es garantía para disponer de un hogar adaptado a las necesidades de cada familia sin que suponga un sobreesfuerzo económico a final de mes. Por eso la media de edad de los demandantes de vivienda protegida en Galicia supera los 44 años. De hecho, solo tres de cada diez solicitantes tienen menos de 36 años.

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