Europa insta a España a destopar la indemnización por abuso de interinidad

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ubicado en Luxemburgo, Rimvydas Norkus, insta a España a eliminar los límites máximos en las indemnizaciones de los interinos en caso de fraude en la Administración, advirtiendo de que los topes actuales pueden resultar insuficientes para sancionar adecuadamente los abusos.

En sus conclusiones, Norkus subraya que «para que se considere que una indemnización por el perjuicio sufrido por el trabajador es una medida sancionadora efectiva, disuasoria y proporcionada, debe poder compensar adecuadamente todos los casos de abuso, incluidos los más graves, y, por tanto, no puede estar sujeta a un límite máximo». Actualmente, la legislación española fija 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades, cifra que el abogado europeo considera insuficiente para casos prolongados.

Esta resolución no es vinculante, pero suele anticipar el criterio que adoptará el TJUE en su fallo definitivo. Norkus también se muestra reticente a validar la estabilización automática de los interinos en abuso si no lo deciden los tribunales españoles. «En caso de utilización abusiva de contratos de duración determinada, como los contratos indefinidos no fijos, esos contratos se convierten en relación laboral de duración indefinida [puede] implicar una medida que sanciona efectivamente tal utilización abusiva», señala, recordando que «no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la interpretación del Derecho interno, tarea que incumbe a los tribunales nacionales».

En Galicia, la cuestión tiene especial relevancia. La Xunta se enfrenta a una posible cascada de indemnizaciones por cese de interinos. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) remitió recientemente una consulta al TJUE sobre la conversión de eventuales en fijos, dado que tiene abiertas unas 400 reclamaciones de empleados públicos que reclaman estabilidad laboral. La resolución de Norkus deja esta decisión en manos de los tribunales españoles, sin imponer una solución directa de estabilización.

El abogado general critica que la normativa española contemple un tope en las indemnizaciones, argumentando que «la fijación de un límite máximo restringe, de forma anticipada, el importe de la indemnización a un nivel que no guarda necesariamente proporción con la gravedad de la violación y comporta así el riesgo de dar a dicha indemnización un carácter puramente simbólico». Añade que la medida actual parece «más una compensación por extinción de contrato que una auténtica sanción por el abuso sufrido por el trabajador» y advierte que «no me parece disuasoria ni reparadora».

La controversia se enmarca en el contexto de la llamada ley Iceta, aprobada en 2021 por el Gobierno español para regularizar las grandes bolsas de interinos enquistadas en la Administración. La situación en Galicia, con numerosas plazas ocupadas por empleados de larga duración, podría verse afectada por esta interpretación europea, con consecuencias económicas significativas si se aplican «indemnizaciones sin límite».