El Congreso pisa el freno al traspaso de la A-9: el debate suma ya 60 prórrogas

El debate sobre el traspaso de la AP-9 vuelve a encallar. PSOE y Sumar, que ostentan la mayoría en la Mesa del Congreso, han aprobado una nueva prórroga —la número 45 en esta legislatura— para la presentación de enmiendas al articulado de la proposición de ley. Si se suman los retrasos acumulados la legislatura pasada, el contador del proceso ya alcanza las 60 prórrogas. Y lo más preocupante: el debate sigue sin fecha en la agenda parlamentaria.

La semana pasada, el BNG celebraba lo que consideraba un avance decisivo: el levantamiento del veto que impedía tramitar la propuesta. Su diputado, Néstor Rego, auguraba que el proceso arrancaría ayer. Pero no fue así. La Mesa volvió a aplazar el plazo, esta vez hasta el próximo miércoles, día 22. El Partido Popular, por su parte, denuncia «casi seis años de bloqueo» y acusa al Gobierno de «engañar una vez más» al nacionalismo gallego.

El proceso legislativo comenzó en diciembre de 2019, cuando el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad —con el apoyo de todas las fuerzas políticas— la primera proposición de ley para solicitar el traspaso de la AP-9. Desde entonces, la iniciativa ha sido reiterada en cuatro ocasiones, pero nunca ha llegado al pleno del Congreso. El trámite se ha visto atrapado en una maraña de prórrogas, dilaciones y vetos que han impedido siquiera abrir el debate parlamentario.

El Ministerio de Transportes, tanto bajo gobiernos del PSOE como del PP, ha mantenido una postura de rechazo. El argumento principal es que el Estado financia hasta el 75% de los peajes mediante bonificaciones, y que la concesión con la empresa Audasa se extiende hasta 2048. Según el Gobierno central, el coste de la transferencia podría situarse entre 4.000 y 6.000 millones de euros, aunque nunca se ha desglosado esa cifra ni se ha explicado cómo se financiaría el traspaso.

La Xunta, por su parte, estima que el coste sería de 526 millones de euros. Un estudio encargado por el BNG a la Universidade da Coruña sitúa el rescate de la concesión en 904,7 millones, mientras que el Gobierno gallego calcula que serían necesarios 2.356 millones para asumir todas las obligaciones económicas asociadas: bonificaciones, compromisos con Audasa e inversiones previstas hasta el fin de la concesión.

Pero incluso si se cerrase el plazo de enmiendas, el camino legislativo aún sería largo. La proposición de ley tendría que pasar por una ponencia, ser debatida en la Comisión de Transportes, llegar al pleno del Congreso, superar el trámite en el Senado y, finalmente, convocar una comisión mixta entre el Gobierno central y la Xunta para negociar los términos del traspaso. Este último paso requeriría al menos seis meses de trabajo técnico y político.

Con este calendario, y teniendo en cuenta los ritmos parlamentarios, la negociación efectiva del traspaso de la Autopista del Atlántico difícilmente llegaría antes del final de la legislatura.

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