El Sergas renuncia a concertar la práctica de abortos con la privada

La Consellería de Sanidade ya no derivará más abortos a la privada. Ha decidido renunciar definitivamente al contrato para concertar la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo (IVEs) en clínicas y hospitales ajenos al Sergas que había quedado desierto en octubre de 2023 y que se había comprometido a volver a licitar. Según esgrime el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño, en los últimos años se realizó un esfuerzo para que estas intervenciones fueran realizadas en la sanidad pública y prácticamente se ha conseguido. En lo que va de 2025 el 97% ya se realizan en el Sergas.

Fue en agosto de 2023 cuando la Xunta sacó a concurso un contrato para derivar a clínicas privadas la realización de 800 abortos anuales con un presupuesto de 1,3 millones durante tres años. Hasta entonces ya se externalizaban estas intervenciones, pero se hacía mediante «autorizaciones de uso», una modalidad contractual que solo se justifica en casos urgentes y excepcionales y que fue criticada por el Consello de Contas. De ahí que Sanidade decidiese sacar a concurso el concierto para esta actividad. Lo justificaba por la «imposibilidad» de prestar el servicio en la red pública por «falta de recursos tanto materiales como humanos», al tiempo que recordaba que los profesionales de la pública tienen derecho a la «objeción de conciencia».

Sin embargo, el contrato, que ofertaba hasta 570 euros por cada aborto realizado que necesitase intervención quirúrgica, quedó desierto porque a las empresas no les resultó atractivo. La Xunta anunció entonces que revisaría las condiciones y volvería a licitarlo.

Pero en los dos últimos años el Sergas aumentó su capacidad para hacer abortos en la pública y, por eso, finalmente ha decidido renunciar al contrato. «No está previsto reactivarlo de nuevo», señalan desde Sanidade.

En Galicia, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad sobre interrupciones voluntarias del embarazo, el 77% de los abortos se realizan en el Sergas. Es la segunda comunidad donde se realizan más intervenciones de este tipo en la pública.

Y eso que el número de abortos se ha disparado: en 2024 hubo un 18% más que el año anterior. La Consellería de Sanidade lo achaca a que han mejorado los registros.

Desde la Xunta señalan que el aborto es «un derecho regulado en la legislación estatal». Sin embargo, otras comunidades del PP como Madrid se resisten a aplicar medidas recogidas en la ley nacional como la creación de un registro de médicos objetores y desde el Gobierno se les ha pedido más esfuerzo para garantizar la realización de IVEs en la pública.

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