El sector forestal demanda medidas de control para la moratoria al eucalipto

Las principales asociaciones del sector forestal gallego, agrupadas en la Fundación Arume, valoran con «cautela» la decisión de la Xunta de prolongar hasta 2030 la moratoria para nuevas plantaciones de eucalipto. El presidente de la entidad, Xosé Mera, considera que la medida «tiene puntos positivos», pero advierte de la «inquietud» que genera la falta de información sobre los mecanismos de control para garantizar su cumplimiento. «Lo vemos con cautela porque habrá que ver y conocer la implementación de estas medidas», señaló. «Tiene aspectos favorables, como que el marco regulador sea el Plan Forestal de Galicia y que sea la Consellería do Medio Rural quien regule esta moratoria, pero tenemos cierta inquietud por los medios de control», añadió.

La Consellería anunció este jueves que la prohibición de plantar eucalipto, que expiraba en 2025, se extiende cinco años más, hasta 2030, aunque se «flexibiliza» para permitir nuevas plantaciones en dos supuestos: cuando se trate de reemplazar masas degradadas o de sustituir pinares afectados por la «banda marrón» (una enfermedad fúngica). Desde Arume subrayan que, si la medida sirve para «poner en producción bosques abandonados», puede tener sentido, pero «no tendría justificación» si se usa para sustituir pinares por eucaliptos; una práctica que consideran perjudicial para el equilibrio forestal gallego.

Según el Inventario Forestal Continuo de Galicia 2023, el eucalipto ocupa 419.051 hectáreas, el 14,2% del territorio gallego y cerca del 25% de la superficie forestal arbolada. Las estimaciones más recientes, con datos de 2024, apuntan a un aumento hasta las 430.000 hectáreas, lo que contradice el objetivo del Plan Forestal de reducir la presencia de esta especie en un 5% (unas 20.000 hectáreas) antes de 2040. En todo caso, los datos confirmarían una tendencia al crecimiento.

Desde el sector lamentan que aún no se haya evaluado la eficacia de la moratoria anterior, por ejemplo, mediante muestreos de parcelas, y dudan de cómo se controlará la nueva prórroga a partir de 2026. «Por eso es tan importante conocer los datos reales», insistió Mera, que urgió a la Xunta a publicar los datos oficiales de 2024 para contrastarlos con los objetivos del Plan Forestal. «El sector necesita certezas para planificar con rigor, no solo en torno al eucalipto, sino en el conjunto de las especies forestales de Galicia».

La Fundación Arume recuerda que su apuesta prioritaria es la industria del pino, por su peso en la economía forestal y por el empleo que genera. «La cadena del pino sostiene buena parte del trabajo en silvicultura y más de 125 aserraderos e industrias de transformación en la comunidad».

El Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD) considera que la nueva moratoria debe abordarse con equilibrio y responsabilidad, no como una paralización del sector, sino como una oportunidad para mejorar la planificación forestal y avanzar hacia un modelo más diversificado y sostenible. Reclama que las decisiones tengan en cuenta a los propietarios forestales, ofreciéndoles flexibilidad y alternativas rentables. Además, defiende una regulación técnica y territorialmente equilibrada, basada en criterios «científicos y no ideológicos», que combine eucalipto, coníferas y frondosas «según dónde, cuánto y cómo». Advierte de que la moratoria solo será efectiva si se acompaña de medidas para mejorar la rentabilidad de las frondosas y coníferas, porque «la simple prohibición del eucalipto no resolverá los problemas de abandono ni fomentará la diversificación». En este sentido, el Clúster «apoyará todas las medidas que fortalezcan la gestión responsable y la inversión privada», con el objetivo de impulsar un monte gallego «diverso, productivo y sostenible».

La Asociación Agraria de Galicia (Asaga), por su parte, valora «positivamente» la prórroga hasta 2030, aunque pide que se aproveche para reordenar y redimensionar la propiedad forestal. Su presidente, Francisco Bello, respalda las excepciones planteadas, al entender que ofrecen una alternativa a los propietarios de pinares afectados por la plaga de la banda marrón, pero insiste en que estos cinco años deben destinarse a ordenar el monte gallego y avanzar en la concentración parcelaria. Asaga reclama recursos y planificación para corregir el minifundismo y aplicar de forma efectiva el Plan Forestal y las leyes de recuperación de tierras abandonadas y mejora estructural. «Solo así conseguiremos mejorar la rentabilidad de las explotaciones y luchar contra el abandono del rural y los incendios forestales», concluye Bello.

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