La Xunta facilitará construir vivienda protegida en suelo no residencial

La Xunta permitirá construir vivienda de protección en suelos no residenciales en desuso. Concretamente, lo hará en los suelos dotacionales, que están reservados para la construcción de servicios e infraestructuras públicas, y en los de usos terciarios, reservados a actividades económicas del sector servicios, que a partir del año que viene podrán dedicarse a la vivienda sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico.

Así lo avanzó ayer la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que se trasladó a Pontevedra para avanzar las principales líneas de los presupuestos de su Consellería para 2026. Allí, destacó que la provincia tendrá «el presupuesto más alto en vivienda, con 149 millones, de los que más de 84 son para nueva vivienda de promoción pública y 28 millones solo para la ciudad del Lérez».

Destacó otras medidas de su Consellería para el próximo año que persiguen el mismo objetivo: aumentar el parque público de vivienda de la comunidad. Entre ellas, recordó que la Xunta pondrá en marcha un programa para adquirir bajos en desuso y transformarlos en viviendas públicas, al que se destinará una partida plurianual de cinco millones. Ratificó, además, que se regulará el desarrollo de alojamientos compartidos, que son «nuevas formas de convivencia» que «ya están despuntando en Europa»; y que las entidades privadas también podrán promover viviendas protegidas o alojamientos compartidos, previo acuerdo del ayuntamiento.

«Ganamos en agilidad en la construcción de viviendas protegidas o alojamientos compartidos, que además vamos a regular. Recuperamos espacios urbanos que actualmente están en desuso, lo que además, constituye una estrategia de regeneración urbana y de movilización de patrimonio público o privado ocioso», destacó la conselleira.

Gira de conselleiros

El de la responsable de la cartera de Vivenda no fue el único anuncio hecho ayer. Tras aprobar el viernes el proyecto de los presupuestos del próximo año en el Consello, la práctica totalidad de los conselleiros —todos menos el de Facenda— dedicó parte de la jornada a anunciar las líneas maestras de su competencia a lo largo de todo el territorio, desde Ferrol a Vigo, pasando por Santiago y Lugo. Es el caso de la titular de Medio Rural, María José Gómez, que se trasladó a Lugo para anunciar que el año que viene, en lo que a la movilización de tierras respecta, se dedicarán 16,7 millones —3,7 más que este año— a impulsar las concentraciones parcelarias, con el objetivo de terminar las 71 abiertas y continuar con la 29 en marcha. Además, se reservan 17,7 millones al Plan Camiña Rural.

También hizo varios anuncios destacables el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que desde Santiago anunció que la Xunta reforzará en 2026 la dotación de equipos de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) para «estar mejor preparados» ante emergencias, con 1,6 millones, que se suman a los 27 millones ya invertidos en los últimos años. Además, la Xunta destinará 330.000 euros para colaborar con los municipios gallegos más pequeños en los costes de redacción de sus planes de acción municipal frente a incendios forestales; y se prevé destinar otros 1,6 millones de fondos europeos a la compra de medios Tetra, las radios que usan, por ejemplo, los bomberos.

En Ourense, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció el primer instituto de O Pereiro de Aguiar; en O Carballiño, el conselleiro de Emprego, José González, avanzó un espacio único de empleabilidad que integrará la oficina de empleo y el polo de emprendimiento, por 2 millones; y en Ribeira, la conselleira de Política Social, Fabiola García, informó de que la Xunta construirá en el municipio una residencia de mayores con una asignación de un millón de euros.

Desde la oposición, PSOE y BNG cuestionan los presupuestos de la Xunta por considerarlos insuficientes y engañosos, al crecer por debajo del IPC y maquillar el gasto social. La portavoz de Facenda del BNG, Noa Presas, calificó las cuentas de 2026 como un «espejismo» y denunció que el incremento del gasto social del 2% queda por debajo del IPC del 2,7%, lo que en la práctica supone un recorte. Para el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, «en términos reales» los presupuestos de la Xunta «bajan” y no reflejan el crecimiento económico ni la inflación. «¿De qué valen si los presupuestos caen en vez de aumentar y si, por encima, después nunca los ejecuta, especialmente en lo que se refiere a gasto social?», se preguntó Besteiro.