Diez años de la ‘ley mordaza’: 139.000 multas en Galicia y 86 millones de euros

La protesta sale cara. Pero también consumir cannabis u otras sustancias en la calle, grabar o fotografiar a policías, faltar al respeto a la autoridad, portar una navaja o una pistola o negarse a identificarse. Desde que la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana —popularmente conocida como ley mordaza— entró en vigor el 1 de julio de 2015, Galicia acumula más de 139.000 sanciones. El coste: casi 86 millones de euros. Diez años después, la norma sigue viva, intacta en sus puntos más polémicos pese a la reforma largamente prometida por el PSOE y que sigue bloqueada en el Congreso, y con una eficacia recaudatoria que solo el año pasado alcanzó en el conjunto del país 203,75 millones, según datos del Ministerio del Interior.

Nacida como respuesta institucional al auge del 15-M, la ley se presentó como un escudo frente al desorden. Pero en la práctica funciona como un mecanismo de control de la disidencia, el ocio juvenil y las infracciones leves.

Solo en 2024, en Galicia se impusieron 13.883 sanciones por incumplimientos de la Ley Mordaza —un 2 % más que el año anterior— con una recaudación de 8,4 millones de euros. Es decir, más de 23.000 euros diarios. El de 2024 fue el cuarto ejercicio más sancionador en las calles de Galicia, solo por detrás de 2020, 2018 y 2017. Fue precisamente el año de la pandemia el año del castigo. En 2020, la comunidad gallega alcanzó su récord: 23.112 multas y 14,33 millones recaudados. Desde entonces, aunque las cifras han bajado, la comunidad sigue en el ecuador de las sanciones.

Comunidades autónomas

El balance del año pasado coloca a Galicia como la octava comunidad con más multas, por detrás de Andalucía (107.797), Madrid (54.616), Canarias (28.678), Castilla y León (22.348), Castilla-La Mancha (20.522), Comunidad Valenciana (20.356) y Murcia (16.583). En el conjunto del país, los expedientes sancionadores rozaron los 327.800, el 4,2 % de ellos abiertos en la comunidad gallega.

Durante el último año, en España repuntaron tanto las sanciones como la recaudación: un 15,2 % en el caso de las multas y casi un 17 % los ingresos, lo que evidencia una mayor gravedad de las infracciones detectadas. En el caso de Galicia, las denuncias aumentaron ligeramente (casi un 2 %), mientras que el importe disminuyó un 4 %, lo que se traduce en el carácter más leve respecto al ejercicio anterior.

Provincias gallegas

Pero el comportamiento ha sido dispar en las cuatro provincias gallegas. Pontevedra y A Coruña son, por este orden, las que concentran el mayor número de infracciones de la ley mordaza en Galicia: 5.986 y 5.394, respectivamente. Entre ambas suman el 82 % del total en la comunidad, un 41,1 % en el caso de las infracciones detectadas en las calles pontevedresas y casi un 39 % en las coruñesas. Son precisamente ambas provincias las que protagonizaron un repunte de las multas en 2024 respecto al año anterior: un 3 % más en A Coruña y un 7 % más en la de Pontevedra. Las cifras en Lugo y Ourense distan de las alcanzadas en las otras dos provincias, con 1.185 sanciones en el primer caso y 1.318 en el segundo, con una caída respecto a 2023 del 11 % y del 10,5 %, respectivamente.

En cuanto a la recaudación, solo en Pontevedra aumentó: de 3,15 millones se pasó a 3,55 (casi un 13 % más). En A Coruña los ingresos superaron los 3,4 millones (un 16 % menos), en Lugo fueron más de 737.000 euros (casi un 10 % menos) y en Ourense, 765.000 euros (un 4,5 % menos).

Perfil

El perfil del infractor es amplio: desde jóvenes en botellones hasta activistas en concentraciones espontáneas. La mayoría de las sanciones son leves, pero las graves pueden alcanzar los 30.000 euros.

La ley sanciona desde concentraciones no comunicadas hasta faltas de respeto a la autoridad, pasando por la toma de imágenes de agentes en actos públicos. Fue aprobada por el Gobierno de Rajoy en un contexto de fuerte movilización social y ha sido criticada por organismos internacionales, juristas y colectivos sociales por vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión.

Desde 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido su derogación o reforma. Sin embargo, tras tres intentos legislativos, los artículos más controvertidos siguen vigentes. Ni la eliminación de las devoluciones en caliente ni la revisión del régimen sancionador han prosperado. La ley ha sobrevivido a mociones, pactos y promesas, consolidándose como un instrumento de control más que de seguridad.

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