El envejecimiento eleva el abandono de las comunidades de montes

Un tercio de la superficie forestal de Galicia aproximadamente está en manos de las comunidades de montes. Su labor es fundamental para mantener gestionados estos terrenos, aprovechar sus recursos y poner freno a los incendios. Sin embargo, la despoblación y el envejecimiento del rural está provocando que cada vez más mancomunidades incumplan sus obligaciones administrativas de rendir cuentas a la Xunta de sus ingresos o reinversiones, facilitar la lista de comuneros o renovar las juntas rectoras. En esta situación se encuentran casi el 60 por ciento de los montes vecinales, según los datos de la Consellería de Medio Rural, lo que se interpreta como un signo de su progresivo abandono.

Según los datos de la Xunta, hay 3.048 comunidades de montes en Galicia, pero el porcentaje de las que cumplen con sus obligaciones ha ido descendiendo en los últimos años. En 2023 casi la mitad de las mancomunidades tenía su gestión al día. El pasado año bajó al 45% pero ahora ya está en el 42%. Esto significa que hay 1.770 comunidades —el 58%— que descuida sus obligaciones administrativas. Y hay una clara diferencia por provincias. Las mancomunidades que más incumplen son las de Ourense, precisamente uno de los territorios con mayor grado de abandono y envejecimiento de la geografía gallega. El 75% de los montes vecinales de esta provincia no han hecho los deberes, en la mayoría de los casos el problema es que no tienen actualizados los censos de comuneros o no han podido renovar las juntas rectoras que son las que se encargan de dirigir y tomar decisiones. Y ha sido esta provincia la más castigada por los incendios del verano.

También en A Coruña son mayoría las mancomunidades que incumplen: el 55%. En Lugo, sin embargo, la situación es bastante mejor: el 50 por ciento está al día. En esta provincia todavía hay muchas familias cuya principal vía de ingresos es la explotación forestal y eso incentiva que haya una mayor preocupación por tener cuidados los montes. Y lo mismo ocurre en Pontevedra, donde las comunidades de montes son bastante activas. Esto favorece que casi al 60% lo tengan todo en regla.

Desde la Organización Galega de Comunidades de Montes, su presidente, Xosé Alfredo Pereira, explica que el problema se agrava en aquellas zonas del rural donde hay poca población. Además advierte que la Xunta no se lo pone fácil para cumplir la obligaciones administrativas, pues los trámites deben ser telemáticos. «Con unos comuneros ya mayores y en zonas del rural donde ni llega internet, esto es un impedimento», lamenta. Y avisa además que hay montes vecinales cuya gestión fue asumida por la Xunta que tampoco cumplen sus obligaciones administrativas.

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