El Gobierno frena la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9

El Gobierno ha mostrado finalmente sus cartas sobre la reclamación de Galicia, aprobada por unanimidad en el Parlamento, de asumir la titularidad completa de la AP-9. No habrá ese traspaso, ya que solo se propondrá que la Xunta pueda participar en la gestión de la autopista y plantear cambios en las condiciones del contrato de la concesión, como descuentos en los peajes, pero a cambio de que aporte los fondos económicos necesarios para cubrir ese coste adicional para las arcas públicas.

El Ejecutivo central reveló su postura en el último momento y lo hizo a través de las enmiendas presentadas por el PSOE en el Congreso de los Diputados al articulado de la proposición de ley —que los socialistas habían respaldado en Galicia— cambiando ahora de principio a fin la iniciativa aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego para negar la mayor, la posibilidad de una transferencia de la titularidad.

Ni siquiera se respeta la exposición de motivos. Se alega ahora que la AP-9 está integrada en la Red Transeuropea de Transportes que permite la conexión viaria por toda Europa, que tiene continuidad con Portugal quedando englobada dentro de un itinerario europeo de primer orden como es la denominada «Red Esmeralda» Lisboa-Dublín y que enlaza las áreas de influencia de los cinco puertos de interés general y los dos exteriores de Galicia, así como los tres aeropuertos (A Coruña, Santiago y Vigo). Por ello, la Autopista do Atlántico seguirá formando parte Red de Carreteras del Estado.

Por estas razones, se bloquea el traspaso de la titularidad, sin dejar el más mínimo resquicio abierto a esta posibilidad. Lo que se ofrece es una cesión limitada de competencias, «especialmente las relacionadas con el servicio prestado a los usuarios y las tarifas aplicables», volviendo a la posición de 2021, cuando el PSOE también se opuso al cambio de titularidad, aunque en la anterior ocasión no acabó de tramitarse porque se agotó la legislatura.

Así, se ofrece a la Xunta la opción de emitir un informe previo, aunque no vinculante, cuando el Gobierno central pretenda modificar las condiciones del contrato de la concesión; que proponga expedientes de sanción o penalizaciones a la concesionaria por incumplimientos, si bien la decisión final corresponderá al Estado; o que plantee descuentos de los peajes, bonificaciones o su supresión.

Pero, en el caso de que supongan un incremento de los gastos presupuestarios, «deberán ir acompañadas de un compromiso para su financiación por parte de la Administración de la comunidad autónoma», se recoge en las enmiendas presentadas por el PSOE.

En caso de incumplimientos por parte de la Xunta, el traspaso quedaría anulado, de la misma forma que tampoco sería aplicable la transferencia a Galicia si esta afectara a las condiciones y compromisos en vigor —como las actuales bonificaciones del peaje— adquiridos con anterioridad a la eventual aprobación de la ley que cedería las competencias a la comunidad autónoma.

El PSOE arguye que su objetivo es garantizar la continuidad de las bonificaciones actuales

El PSOE, como artífice de las enmiendas que reflejan la postura del Gobierno central, explica que lo que se pretende con este traspaso parcial de las competencias es «garantizar las bonificaciones actuales de los pajes». De hecho, los socialistas plantean que si por alguna razón se alteraran estas condiciones y compromisos, la eventual transferencia, que el Parlamento gallego ha reclamado hasta cuatro veces, quedaría sin efecto. El PSOE y Sumar, ambos socios del gobierno de coalición, son las únicas formaciones que han presentado enmiendas al texto que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia, pero la formación de Yolanda Díaz no propone modificaciones del articulado, sino que se limita a subrayar las ampliaciones de la concesión por parte de los gobiernos de Aznar y Rajoy. Precisamente, en paralelo, hay un procedimiento abierto en Europa que pone en el foco la prórroga hasta el año 2048 que autorizó el Gobierno de Aznar, que la Comisión Europea ha declarado «ilegal». La diputada Patricia Otero, vocal del Grupo Socialista en la Comisión de Transportes del Congreso, explicó que «a partir de ahora será el momento de estudiar cuestiones que muestran cierta complejidad con respecto de la transferencia». Añadió que desde que se empezó a hablar de esa transferencia, «el escenario cambió, ya que entonces no existían las bonificaciones que hoy hay gracias al Gobierno central, y Europa aún no había entrado a analizar la legalidad de la prórroga de la concesión hasta el 2048 por parte de Aznar». Las críticas del PP no se hicieron esperar. El diputado Celso Delgado sostuvo que las enmiendas socialistas van en dirección contraria a la voluntad de los gallegos y que «son un quebranto a la postura unánime que en cuatro ocasiones manifestó el Parlamento», por lo que censuró el «doble discurso» de los socialistas en Madrid y en Galicia.

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