Alarmas, móviles y alejamiento de la persona violenta: el nuevo blindaje a trabajadoras del SAF

Usar dispositivos de seguridad como una alarma silenciosa —en cuyo manejo serán entrenadas—, alejar temporalmente a la persona conflictiva del hogar para garantizar la integridad de la trabajadora y que esta tenga el teléfono móvil operativo todo el tiempo de la atención, con los números de la coordinadora y de emergencias guardados. Son algunas de las medidas incluidas en el borrador del nuevo Protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de violencia laboral externa en el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), que busca blindar la seguridad de las más de 12.300 personas que se ocupan en Galicia del servicio. Además, podrán ir acompañadas a la vivienda de pacientes con enfermedad mental grave —si se observa alguna descompensación y cuando no se pueda dictar una medida cautelar de suspensión del servicio por parte de la Xunta—.

La colaboración con los servicios sanitarios —personal de atención primaria o unidades de salud mental— a través de los servicios sociales municipales también se contempla, con el fin de evitar cualquier forma de violencia, ya sea física, psicológica o sexual. El borrador elaborado por el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), en colaboración con la Consellería de Política Social, ya fue remitido por la Xunta a la Fegamp y la mesa de trabajo volverá a reunirse y revisarlo el 4 de noviembre.

El próximo miércoles se cumplirán cuatro meses de la muerte de Teresa, una trabajadora del SAF de O Porriño, de 48 años, asesinada por el marido de una dependiente a la que atendía. Impedir, no solo que un desenlace tan dramático vuelva a ocurrir, si no minimizar los riesgos de violencia en el servicio, está en los objetivos del documento.

También, recomienda instruir a las trabajadoras en habilidades específicas en materia de prevención de la violencia, comunicación efectiva, resolución de conflictos y control de la tensión. El protocolo incluye ahora: «En caso de agresión con lesiones físicas y psíquicas» tras comunicar el parte de accidente de trabajo, «si no se puede suspender el servicio, no volver a asignar a la misma trabajadora a ese domicilio». Asimismo, cumple con una reivindicación de las trabajadoras —que criticaron ir «a ciegas» a las viviendas—. El texto incide en informar sobre los domicilios asignados en los que haya «riesgos potenciales», como personas con alcoholismo, enfermedades mentales graves o neurodegenerativas. También incluye medidas de prevención como minimizar las rotaciones en casas de usuarios con enfermedades neurodegenerativas y no destinar a trabajadoras con menor experiencia a domicilios con mayor riesgo.

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