Medio centenar de concellos afectados por los incendios recibirán 5 millones

Los daños causados por los incendios forestales que este verano calcinaron parte de la comunidad gallega afectaron a viviendas familiares, negocios o explotaciones ganaderas, pero también a los propios consistorios locales, que sufrieron pérdidas y desperfectos en infraestructuras y asumieron costes de limpieza o de restauración ambiental. En este contexto, el Consello de la Xunta dio ayer luz verde a la firma de los convenios con un total de 46 ayuntamientos gallegos para paliar los perjuicios ocasionados por los fuegos. A este fin el Ejecutivo gallego destinará en torno a cinco millones de euros.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, explicó que la mayoría de concellos beneficiados, hasta 35, pertenecen a la provincia de Ourense, la más castigada por las llamas. De los restantes, cinco están en Pontevedra, tres en A Coruña y tres en Lugo. Así las cosas, de los cinco millones de euros consignados a través de estos convenios que se firmarán «próximamente», tras haber sido remitidos ayer mismo a los ayuntamientos, 4,1 millones se destinarán a inversiones y los 900.000 euros restantes a gasto corriente.

De manera concreta, Calvo detalló que, de las solicitudes recibidas, 41 son para cubrir inversiones, de las cuales 30 recibirán el 100% de la financiación solicitada. Mientras, de las 38 peticiones para gastos corrientes, en 32 de ellas se cubriría la totalidad de los importes. Entre los gastos que se prevé sufragar figuran obras de reparación, mantenimiento o reposición de las infraestructuras, equipamientos u otros bienes municipales afectados por la ola de incendios que terminó, según los datos de la Xunta, con unas 120.000 hectáreas calcinadas.

Rueda, quien aclaró que mañana acudirá al funeral de Estado por las víctimas de la dana que Valencia sufrió hace un año, puntualizó que estas ayudas también servirán para costes de limpieza o restauración ambiental, así como de alquiler, combustible y reparación de maquinaria y vehículos. Además, se financiarán los gastos de traslado, alojamiento y mantenimiento de la población evacuada o del personal de extinción.

Rueda acusa al Gobierno de «improvisar» con los centros de menores migrantes

Después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, trasladase este fin de semana el propósito del Gobierno de limitar a través de un real decreto no de ley —una figura que, por el momento, no existe— que los centros de acogida de menores migrantes alberguen como máximo a entre 10 y 15 menores, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tachó ayer la propuesta de «improvisación». «Es mejor no tomarse en serio las declaraciones de la ministra», declaró el mandatario gallego. Apuntó, asimismo que, de aplicar esos criterios, «se tendrían que cerrar muchos de los centros» que en estos momentos funcionan «de manera adecuada» en Galicia y que superan esas cifras de internos. Rueda insistió en que «lo importante es atender bien» a los menores, «con independencia del tamaño del centro». Sobre esta cuestión se pronunciaron también BNG y PSdeG, que se mostraron críticos con la política migratoria del Ejecutivo gallego. La secretaria de Organización de los socialistas gallegos, Lara Méndez, aseguró que el «PP asume las directrices de la ultraderecha y sus sesgos racistas. Por su parte, la viceportavoz del Bloque en el Parlamento, Olalla Rodil, recordó que su formación siempre defendió «un modelo de integración e inclusión y eso pasa porque no se creen guetos ni cárceles». También el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, pidió a las administraciones «dejar las legítimas diferencias políticas» y unir esfuerzos para la acogida de menores migrantes. En el Consello de la Xunta se informó además de que en lo que va de año un total de 1.130 estudiantes en edad escolar con patologías crónicas se inscribieron al programa Alerta Escolar, que permite darles una respuesta sanitaria rápida si enferman.

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