Galicia blinda su mercado de carbono ante fraudes y abusos

El sistema voluntario de créditos de carbono que impulsa la Xunta promete traer beneficios económicos y ambientales a la comunidad, abriendo la posibilidad de participar en estos mercados a proyectos que hasta ahora no la tenían, como los de construcción con madera, de acuicultura o los de eficiencia energética. Pero a pesar de sus beneficios, su implementación también viene acompañada de una gran preocupación por sus posibles aspectos negativos, como la doble contabilidad, la deslealtad en las transacciones o el ecoblanqueo o greenwashing. Así lo reconoce la propia Administración en el decreto, publicado ayer en el Diario Oficial de Galicia, que precisamente incluye una serie de mecanismos para evitar el fraude y los abusos.

De este modo, para evitar el «acaparamiento indebido» por parte de los intermediarios (que actúan como brokers y compran créditos para venderlos a terceras personas), estos no podrán adquirir más del 30% del total de los créditos estimados de un proyecto, excepto en aquellos que, durante el período de permanencia, no se superen las 1.000 toneladas de CO2. Cabe mencionar que en la versión inicial del decreto este porcentaje máximo era mucho menor, del 15%.

Se trata de una denuncia que el sector forestal gallego, que tiene una importante presencia en el mercado de carbono regulado por el Ministerio para la Transición Ecológica, ya puso hace varios años sobre la mesa, criticando que ciertas empresas firman «contratos abusivos» y se quedan con buena parte de los beneficios. En el caso de incumplirse esta obligación, los intermediarios podrían ser inhabilitados y los proyectos, cancelados y dados de baja del mercado.

Además, la plataforma web que dará soporte al mercado contará con un sistema de control para evitar la doble contabilidad, asegurando la interoperabilidad con los sistemas estatales y europeos de venta de créditos.

Organismos de control

Siguiendo esta idea, habrá dos organismos encargados de controlar el mercado. Por un lado, se creará un Comité Técnico, dirigido a «mejorar el desarrollo y la operación del sistema» y a hacer las propuestas de aprobación y revisión de las metodologías para el cálculo de los créditos de cada tipo de proyecto, que dependerá de la cartera de Medio Ambiente.

Por el otro, habrá una serie de organismos de certificación independiente, que se encargarán de asegurar que los proyectos inscritos en el mercado cumplen con los requisitos. Estos organismos deberán acreditar de forma inicial los proyectos, incluso antes de registrarse, y llevarán a cabo auditorías periódicas para supervisar el correcto desarrollo de los proyectos, valorando aspectos como la correcta cuantificación y captura de carbono. Además, los proyectos podrán ser sometidos a controles aleatorios, con el fin de asegurar la veracidad de estas auditorías.

Finalmente, será obligatorio informar a la Administración de todas de todas las transacciones, y todos los proyectos tendrán que reservar el 10% de sus créditos para compensar posibles desajustes no intencionales en la captación de CO2. De ser intencional, deberán reponerse en el plazo de un año, implicando lo contrario la cancelación del proyecto.

De este modo, la Xunta pretende adelantarse a los posibles impactos adversos de este tipo de mercados, para el que la Administración solo proporciona la legislación y el soporte tecnológico. Las transacciones, en cambio, se llevarán a cabo íntegramente en el ámbito privado a través de contratos de compraventa.