El sector del taxi demanda ante la Xunta «un mayor control» de los VTC

Alrededor de un millar de taxistas llegados desde diferentes puntos de toda la geografía gallega protagonizaron ayer una «marcha lenta» en Santiago para reclamar al Ejecutivo de Alfonso Rueda una mayor implicación en el control de las licencias de VTC en Galicia, alquiler de coches con conductor, como Uber o Cabify. La protesta, iniciada alrededor de las 10.00 horas, partió desde el polígono industrial del Tambre y se desplazaron en caravana por el periférico de la capital gallega, pasaron por delante del Parlamento gallego y rodearon los edificios de la sede central de la Xunta.

«Estamos aquí para denunciar que la Xunta tiene el grifo abierto con respecto a las licencias de VTC, que está otorgando sin ningún tipo de control. Hablamos de licencias que en su propia tarjeta de transportes indica que únicamente pueden realizar servicios interurbanos pero la realidad es completamente distinta», explicaba el taxista compostelano Miguel Ángel Mera, que ejerció como portavoz del colectivo.

La movilización fue organizada por taxistas vigueses, de hecho, un importante número de los vehículos que finalmente cercaron la sede del Gobierno gallego procedían de la ciudad olívica, donde el sector no está asociado a la Federación de Autónomos del Taxi de Galicia (Fegataxi). Sin embargo, profesionales de todas las ciudades gallegas decidieron apoyar la marcha al entender que se trataba «de una buena iniciativa para dar visibilidad al problema que estamos teniendo». Así, llegaron también a Santiago taxistas de A Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra y de villas más pequeñas como Sanxenxo, Poio, Nigrán o Baiona para demandar soluciones ante la proliferación de VTC, que trabajan al margen de la ley. «Aquí en Santiago puedes verlos recogiendo gente en el aeropuerto o en la estación intermodal y llevando a la gente a sus casas en otro punto de la ciudad, cuando únicamente podrían realizar ese servicio si el destino de su cliente estuviese en otro concello. Y eso mismo que vemos aquí se da también en ciudades como A Coruña y Vigo», apuntaba Mera.

La cantidad de taxis movilizados en el entorno de San Caetano, donde está la sede de la Xunta, provocó retenciones en este entorno de la capital gallega durante buena parte de la mañana, llegando incluso a provocar el corte de la circulación calles adyacentes. La lluvia hizo que muchos de los taxistas permaneciesen en sus coches, otros se concentraron ante la fachada del edificio administrativo con silbatos y haciendo sonar continuamente el claxon de sus vehículos.

Al filo de las 12.30, una representación de estos taxistas entró en las dependencias administrativas para entregar en el registro un manifiesto en el que demandan a la Xunta «que no se concedan nuevas autorizaciones de VTC a aquellas empresas que operen de forma irregular en la comunidad, realizando servicios urbanos. Con mención especial a las empresas de Madrid, cuya actividad está generando una importante pérdida económica en el sector gallego».

Además, reclaman la revocación de las licencias de VTC otorgadas a empresas que presentaron datos fiscales y direcciones falsas, así como a aquellos que acumulen tres o más denuncias por realizar servicios urbanos ilegales. El sector quiere desvincularse del de las VTC, con un índice de siniestralidad mucho mayor, y por ello piden al Gobierno autonómico que entable conversaciones con las aseguradoras para desligar la valoración de las VTC respecto a la de los taxis, con el objetivo de evitar que los siniestros de las primeras incrementen los costes del seguro para los taxistas gallegos, tal y como está aconteciendo.

«Hace cinco años una póliza costaba 1.000 euros, ahora si les pides presupuesto, no bajan de 4.000 euros», denunciaba el pasado mes de enero Fegataxi.

«El servicio público hay que cuidarlo. Hay mucha gente que apunta que el precio de las VTC es más barato, pero si siguen colonizando el mercado habrá que verlo, ya hay experiencias en diferentes ciudades europeas y españolas sobre picos de precios cuando aumenta la demanda. Nosotros tenemos unas tarifas fijadas por los ayuntamientos y que la Xunta aprueba», recordaba Mera.