La Xunta cursa casi 25 multas al mes por incumplir la moratoria del eucalipto

La Xunta impone casi 25 multas al mes por incumplir la moratoria de nuevas plantaciones de eucalipto. Desde que entró en vigor la prohibición, en 2021, la Consellería do Medio Rural ha tramitado 1.362 sanciones por reforestaciones ilegales, según los últimos datos oficiales actualizados a octubre. Así, en lo que va de año, el Ejecutivo autonómico ya impuso 247 multas, más que en todo 2024 (240), una medida con la que se pretende frenar la expansión de esta especie en Galicia.

Las infracciones, que pueden acarrear pagos a partir de 601 euros, implican además la obligación de levantar las plantaciones ilegales. Solo entre 2022 y 2024, los servicios jurídicos de Medio Rural remitieron 1.115 expedientes sancionadores, directamente relacionados con plantar eucaliptos en zonas donde no está permitido. El número de expedientes se ha mantenido en los últimos años: 511 en 2022, 364 en 2023, 240 en 2024 y 247 en lo que va de 2025, aunque este último dato es todavía provisional. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, destacó recientemente que la Xunta «vigila el cumplimiento de la ley y actúa, y así se seguirá haciendo».

Hace solo dos semanas, el Ejecutivo autonómico anunció su decisión acerca del futuro de la moratoria sobre esta especie, cuya vigencia expiraba el 31 de diciembre: mantendrá la prohibición hasta 2030, aunque con una mayor flexibilidad. ¿Por qué más flexible? Porque contempla dos supuestos excepcionales que sí lo permiten. La nueva regulación dejará plantar eucalipto en pinares de radiata afectados por la plaga de la banda marrón, pero solo hasta un máximo del 50% de la superficie, que deberá completarse con coníferas o frondosas. Esta medida será puntual y limitada a un turno de corta, tras el cual deberá restaurarse la situación previa. Medio Rural estima que existen unas 30.000 hectáreas de pinares afectados en Galicia, aunque no todos con la misma gravedad.

Por otro lado, se flexibiliza la posibilidad de intercambiar parcelas para mejorar la productividad: a partir de ahora podrá hacerse también entre distintos propietarios que lleguen a un acuerdo, aunque la nueva plantación de eucalipto no podrá ocupar más del 75% de la superficie inicial, y el terreno de origen deberá reforestarse con otras especies.

Según los datos del Inventario Forestal Continuo de Galicia de 2023, el eucalipto ocupa 419.051 hectáreas; es decir, el 14,2% del territorio gallego y cerca del 25% de la superficie forestal arbolada.

Pero las estimaciones más recientes, con datos de 2024 —a falta de que se presenten las cifras oficiales— apuntan a un aumento hasta las 430.000 hectáreas, lo que contradice el objetivo del Plan Forestal de reducir la presencia de esta especie en un 5% (unas 20.000 hectáreas) antes de 2040. En todo caso, los datos confirmarían una tendencia al crecimiento de eucalipto en Galicia, contrario a los objetivos programados.

Es decir, conocer los datos más recientes es vital para valorar hasta dónde ha sido eficaz la moratoria. Habrá que comprobar lo que dicen las imágenes a partir de este año y los posteriores para vigilar lo que se ha plantado. Porque, como explicó el profesor de la Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra (Universidade de Vigo) y participante en la elaboración del Inventario, Juan Picos, «es a partir de tres años cuando los nuevos árboles comienzan a ser captados en las imágenes por satélite al sobresalir de entre el matorral. Pasado un tiempo, nada se escapa».

Xosé Mera: «La nueva normativa precisa de más medios de control»

El presidente de la Fundación Arume —en la que participan las principales organizaciones del sector forestal y de la madera— expresó su preocupación por la nueva moratoria al eucalipto, que considera más compleja que la anterior y, por tanto, necesitada de más medios de control y gestión por parte de la Administración forestal. Considera que el reto no está solo en limitar plantaciones, sino en fortalecer la cadena de valor forestal gallega, que genera 23.000 empleos, tres mil millones de euros de facturación y dos puntos del PIB. Insiste en que cada euro invertido por un propietario forestal genera empleo y actividad económica en toda esa cadena: viveros, empresas de servicios forestales, aserraderos (125 en Galicia), fábricas de tablero y carpinterías industrializadas que producen para mercados internacionales, incluso hasta tiendas en lugares como Singapur, o para una vivienda social de nueva construcción en Barcelona y de nueve plantas . Mera reclama que los propietarios forestales tengan incentivos fiscales, debido a la inversión y transformación que realizan en Galicia, en lugar de centrarse solo en la plantación. A su juicio, el riesgo está en que las decisiones políticas desconecten la producción forestal del tejido industrial gallego, cuando precisamente de ese sector dependen unos 23.000 empleos, tres mil millones de facturación y dos puntos del PIB. Por eso pidió mirar el monte «desde una perspectiva de país», reforzando el valor añadido que se genera en Galicia a partir de sus propios recursos. Por eso, ven «aspectos positivos» en el marco regulador, pero «inquietud» por el control.

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