Medio siglo sin Franco: lo que la tierra sigue callando

Noventa y seis sepulturas. Es la cifra que tiene documentada el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de los hoyos en suelo gallego donde fueron arrojadas cientos de víctimas desde 1936. A punto de cumplirse medio siglo de la muerte del dictador Francisco Franco, el próximo 20 de noviembre, aún quedan innumerables rendijas abiertas. Hay familias que llevan casi noventa años esperando noticias de un pariente que no ha vuelto. A muchas de esas víctimas las buscan, otras tantas fueron olvidadas y centenares de ellas siguen sin ser identificadas.

En Galicia, según los datos que maneja Memoria Democrática, todavía quedan 25 fosas comunes sin intervenir. Se sabe dónde están, pero ni se han excavado ni se han dignificado. Este cometido comprende un proceso muy dilatado en el tiempo. «Desde el estudio histórico hasta la inauguración del monumento en ese espacio pueden pasar años y años», señala Gustavo Hervellas, miembro del grupo de investigación Historia Agraria y Política del Mundo Rural (Histagra) de la Universidade de Santiago (USC), principal equipo de actuación que realiza estas prospecciones dentro de los Planes Cuatrienales de Memoria Democrática 2021-2024 y 2025-2028 impulsados por el Gobierno central.

El dinero para exhumar

No fue hasta hace tres años, con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, cuando el Gobierno abrió nuevamente la mano —tras suprimirse las ayudas durante el gobierno de Mariano Rajoy, que había impulsado su antecesor José Luis Rodríguez Zapatero en 2007— e incluyó la apertura de los sepulcros en las partidas presupuestarias. Los últimos cuatro años han sido, pues, los primeros en los que estas obras contaron con financiación pública, la del Plan Cuatrienal 2021-2024.

En el marco actual, el Gobierno central acaba de lanzar un nuevo paquete de ayudas, del que se beneficiará, entre otras instituciones, la Diputación de A Coruña. «Ahora salieron nuevas subvenciones para lo que llamamos fosas grandes, ya que con el dinero que nos daban no podíamos permitirnos realizarlas en lugares de grandes dimensiones», indica Hervellas. La subvención asciende a 150.000 euros para exhumar las fosas de Boisaca (Santiago), donde se estima que fueron inhumados unos 97 cuerpos; del cementerio de Beira (Carral), en el que se enterró a 18 personas; y de Serantes (Ferrol), donde se cree que se acumularon 190 cadáveres. Una ampliación del proyecto que, en palabras de Valentín González Formoso, presidente de la Diputación coruñesa, «permitirá avanzar en la localización y recuperación de las personas que fueron represaliadas, devolviéndoles el nombre y el lugar que les corresponde en la historia colectiva».

«En estas fosas lo que haremos serán catas, no exhumaciones completas, para ver en qué situación están», explica Gustavo Hervellas. Un trabajo que financia el Ejecutivo central y que las autonomías encomiendan directamente a los grupos de investigación universitarios. La Asociación de Recuperación de Memoria Histórica (ARMH) —nacida en el 2000— que se financia a través de las donaciones de sus socios y mecenas, se desmarca de este proyecto. No entra en el plan porque no cree «en el modelo actual a través de ayudas del Gobierno», según Serxio Castro, arqueólogo y voluntario de la ARMH. «Consideramos que los derechos humanos no se pueden garantizar a través de subvenciones, sino mediante planes estatales fijos», puntualiza Castro. «Puede suceder que cuando desaparezca la subvención, se vaya también el interés por la investigación y que las familias de las víctimas queden, de nuevo, abandonadas», considera.

Por su parte, Histagra lleva desde 2021 en el Plan de Memoria Democrática de Galicia, dentro de un convenio entre la Xunta y la USC por el cual cada año se exhuman una serie de fosas. Es decir, el Ejecutivo gallego transfiere a Histagra los fondos que le remitió el Gobierno central. Este año la ayuda fue de 78.250 euros que, sumados al importe de los trabajos realizados entre 2021 y 2024, eleva por encima de los 475.000 euros la financiación para la Memoria Democrática gallega.

Buscar, identificar y recordar

Al igual que en el cuatrienio anterior, Histagra trabaja en el Plan de 2025-2028 con un equipo integrado por «historiadores, arqueólogos, antropólogos—forenses y genetistas—», como explican en su web.

El grupo de investigación mantienen tres líneas de actuación bien delimitadas: en la fase 1, «localización, exhumación de las fosas e identificación de las víctimas de la violencia franquista»; en la segunda fase divulgarán el trabajo realizado, y en la tercera y última etapa, se reconocerán «los lugares de enterramiento» y se dignificarán los espacios memoriales con monumentos.

Este año, el grupo Histagra llevó a cabo varias prospecciones: exhumaciones en las fosas de Luou (Teo), de Asados (Rianxo) y de Catabois (Narón); memorializaciones en las de O Castro (Viana do Bolo), de Filgueira (Crecente) y de Vilacoba (Lousame), y trabajos de investigación en la fosa de Ribeiras de Sor (Mañón). A estas se unirán a partir de ahora los trabajos en Boisaca, Carral y Serantes.

El proceso empieza por la localización de los posibles sepelios, tanto en el monte como en los propios cementerios. «Podemos saberlo a través de la tradición oral o de lo que hay documentado», afirma Hervellas. La situación se complica si la fosa está desaparecida o si se construyó sobre ella. Una vez se abre, se procede al cotejo de ADN para identificar los cuerpos, saber quiénes eran esas personas y dónde están sus descendientes.

En eso difiere la ARMH, cuyo método funciona al revés. «A nosotros nos llega la demanda de una familia que cree que su fallecido puede estar en un sitio, y buscamos ahí», explica Castro. «Hay que hacer una investigación previa a partir de ese contacto inicial, porque escoger ir a una fosa en detrimento de otra hace competir indirectamente a las familias», señala.

En la comunidada gallega, la ARMH lleva desde 2024 sin ninguna intervención—la última fue en Mesía—, ya que no han recibido nuevas solicitudes.