La Fegamp cuestiona la eficacia del protocolo del Servizo de Axuda no Fogar: «Falta concreción»

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) pide a la Xunta «concreción» en el desarrollo del nuevo protocolo de seguridad para el personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), presentado por el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA). La entidad supramunicipal advierte que el borrador «precisa de concreción en la cobertura económica y de modificaciones normativas para que sea eficaz».

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, destacó tras una reunión celebrada ayer la «urgencia de definir contenidos, recursos y responsabilidades en el desarrollo seguro del SAF» para que las trabajadoras desarrollen su labor en condiciones de seguridad y «las personas dependientes reciban el servicio que necesitan».

Este protocolo llega tras la muerte de una trabajadora de O Porriño este verano, asesinada por el marido de una dependiente a la que atendía. El SAF da empleo a más de 12.300 personas en Galicia y constituye una de las principales herramientas de atención a la dependencia en el ámbito local.

En el encuentro participaron representantes del ISSGA, inspectores de la Consellería de Política Social, de la Delegación del Gobierno, de las asociaciones empresariales del sector (AGESAF y ASADE), de organizaciones sindicales (CIG, CCOO, CSIF y UGT) y del Colexio Oficial de Traballo Social.

El coste de la seguridad

El protocolo, que el ISSGA presentó como una «herramienta abierta» a aportaciones, plantea medidas como el uso de alarmas silenciosas, la posibilidad de acompañamiento en viviendas donde existan riesgos o la retirada temporal de personas conflictivas del hogar para proteger la integridad de las trabajadoras. También prevé que las auxiliares mantengan siempre operativo su teléfono móvil con los contactos de emergencia y coordinación guardados.

Sin embargo, tanto los sindicatos como los trabajadores sociales han señalado «ambigüedades» en el texto. Cuestionan, por ejemplo, quién asumirá el acompañamiento a las profesionales en situaciones de riesgo o qué administración pondrá los recursos materiales y económicos necesarios. La CIG avanza que presentará alegaciones al protocolo (que califica de mera «declaración de intenciones») y reclamará que la suspensión de un servicio por peligrosidad «no implique pérdida de remuneración para la trabajadora afectada». Las organizaciones sindicales coinciden en que cualquier avance en materia de seguridad debe ir acompañado de «garantías laborales claras y financiación suficiente». El coordinador del Colexio de Traballo Social, David Gontán, alude además a la falta de modificación reglamentaria para abordar situaciones como la suspensión del servicio y la prestación alternativa al dependiente.