Sanidad abre la vía legal para forzar a las autonomías a entregar los datos de cribados

El Ministerio de Sanidad ha enviado un requerimiento formal a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que, en el plazo de un mes, remitan los datos sobre los cribados de cáncer de mama, colorrectal y cérvix.

Tras los fallos detectados en el cribado de cáncer de mama en Andalucía se abrió una confrontación entre el Ministerio de Sanidad, que exigió a las autonomías datos sobre las pruebas realizadas para la detección precoz de estos tumores, y las comunidades del PP, que se negaron en bloque a remitirle la documentación. En Galicia el Sergas alegó que esa información es ya publica y esgrimió que el Gobierno carece de un sistema informatizado para gestionarla.

Tras la negativa de las comunidades del PP, el Ministerio de Sanidad ha abierto la vía para forzarlas a entregar la documentación. «El requerimiento formal que hemos remitido exige la remisión inmediata de estos datos, de los indicadores del programa poblacional del cribado de cáncer, unos indicadores que han sido pactados con todas las comunidades autónomas, y lo hacemos por una razón muy sencilla, la ley se cumple», señaló la ministra de Sanidad, Mónica García tras el Consejo de Ministros.

En este requerimiento, el Ministerio de Sanidad reitera la solicitud realizada previamente por el secretario de Estado de Sanidad para que las comunidades autónomas remitan estos indicadores acordados en el documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud.

En caso de no disponer aún de todos los indicadores, se solicita que se remita, al menos, la información disponible hasta la fecha, o bien aquellos indicadores que se emplean actualmente en la evaluación de los programas autonómicos de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.

El requerimiento se realiza al amparo del artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como paso previo ante posibles incumplimientos en el suministro de información esencial para la vigilancia en salud pública.

El siguiente paso, si no se recibe la información, será llevar el caso a los tribunales y presentar un recurso contencioso-administrativo: «Y esto lo hacemos amparándonos en diferentes leyes, como la Ley General de Sanidad; la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y la Ley General de Salud Pública, que obligan a las administraciones a cooperar y a facilitar la información necesaria para poder ejercer la vigilancia y la coordinación en materia de salud pública».

En este punto, García informó de que el resto de comunidades que no son del PP ya enviaron los datos o están en proceso.

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