El año con más quejas de la historia de Galicia en la Valedora do Pobo
La violencia de género, las listas de espera en la sanidad pública y la Inteligencia Artificial, entre las denuncias más destacadas por la institución en su Informe Anual de 2024

La Valedora do Pobo y el presidente del Parlamento de Galicia durante la entrega del Informe Anual de 2024. / Xoán Álvarez
Iria D. Pombo
La principal institución en defensa de los derechos de la población gallega viene de presentar su último parte de quejas, recogidas a lo largo de todo 2024. Y es que los ciudadanos se quejan más, o tienen más motivos para hacerlo. Muchas de sus demandas se repiten y siguen la misma línea que en años anteriores. «Hay que tener en cuenta que funcionamos, sobre todo, con quejas ante un problema acuciante para las personas que hay que solucionar», defendió María Dolores Fernández Galiño, actual Valedora do Pobo en funciones, durante la presentación del informe. «Si estamos hablando de un centro que no está atendiendo las demandas sociales, una demora en la intervención, etcétera, es ahí donde se demuestra esa efectividad y la aceptación de la Administración para resolver esa cuestión que le estamos trasladando y que, a su vez, nos la traslada la ciudadanía», añadió.
Este último año ha batido los récords de la Valedora con el mayor número de protestas registradas en la historia de Galicia: 24.523 actuaciones realizadas en 2024, la cifra más alta de la institución, en palabras de la propia Valedora. Tal y como detalla el Informe Anual, hubo 4.155 asuntos a resolver, 418 más que en 2023, de los que el 65% fueron dirigidos a la Xunta y el 42%, a los concellos y diputaciones. «Registramos un crecimiento importante, tanto en el número de casos como en la participación ciudadana», anunció Fernández Galiño. «Se han recibido 16.562 casos, de los que admitimos a trámite el 94% e inadmitimos el 3%», indicó. La mayoría, presentados por mujeres.
Violencia de género, listas de espera e IA
Las Consellerías por las que más protestan los gallegos son Sanidade —que un 52% de las demandas—, Política Social e Igualdade —con 291— y Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade —con 238—. Las áreas de la institución con más asuntos recibidos también fueron Sanidade, Inclusión Social y Educación.
En materia de salud, las quejas son las mismas: listas de espera, sobre todo, que la Valedora divide, a su vez, en «plazos legales, plazos razonables y revisiones». Destacan las protestas referentes a la «derivación a centros concertados, urgencias tiempo-dependientes» y «carencia de profesionales en atención primaria y pediatría». La Valedora quiso destacar este último punto, incidiendo en las numerosas quejas por la «falta de personal sanitario en el rural».
La Valedora también instó al Gobierno a tomar «más medidas» contra la violencia de género. «Continuamos insistiendo en la necesidad de reconocer y proteger a todas las mujeres víctimas de violencia de género, incluyendo la económica», expresó Fernández Galiño. También elevaron quejas al Gobierno en materia de vulnerabilidad económica, discriminación por discapacidad, dependencia y educación. «Recibimos quejas por el cumplimiento de las ratios en las aulas gallegas y abordamos, como en años anteriores, la problemática del acoso escolar», indicó. «Incidimos en la necesidad de formar a la comunidad educativa para reforzar la prevención, la detección y la reacción ante los casos de acoso». Al igual que el año pasado, la vivienda también se postuló como uno de los principales problemas.
También, por primera vez en la historia, se incluyó la Inteligencia Artificial (IA) como una problemática social de especial relevancia. «La IA puede condicionar el derecho a una información veraz ante la proliferación de ultrafalsificaciones que ya suponen riesgos serios para la intimidad e, incluso, para la integridad de los procesos democráticos», consideró la Valedora. El Informe muestra preocupación por ataques a la «libertad individual, como el reconocimiento facial o sistemas de manipulación cognitiva», que pueden suponer la vulneración de los «neuroderechos».
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