La «privatización» de la seguridad en el Parlamento y la Xunta caldea el ánimo policial

El déficit de efectivos en la Unidad de Policía Adscrita de Galicia, con una carencia de 160 funcionarios en una plantilla de 500 y las dificultades para cerrar un nuevo convenio con el Ministerio del Interior que permita ampliar el cuadro de personal de la Policía autonómica ha llevado a la Xunta a tomar la decisión de «retirar parte de los efectivos» que garantizaban la seguridad del Parlamento autonómico y San Caetano para llevar a cabo otras funciones, siendo sustituidos por seguridad privada.

Esta decisión ha caldeado los ánimos de los sindicatos policiales, como demostró ayer la Confederación Española de Policía, que se concentró ante el Parlamento para demandar el cese del «progresivo desmantelamiento» de la unidad autonómica. Fue la única central presente en la protesta, aunque otras, como el Sindicato Unificado de Policía mostraron también su rechazo a la medida de la Xunta.