La alta demanda para retirar el amianto de construcciones eleva meses la espera en Galicia

Las empresas gallegas dedicadas a la retirada de amianto y demolición viven uno de sus momentos de mayor carga de trabajo. En los últimos meses, los plazos de espera para ejecutar una obra se han ampliado hasta cinco meses, reflejo del auge de un sector en expansión, impulsado por el fin de la vida útil de las cubiertas de fibrocemento y por las nuevas exigencias normativas.

La retirada del amianto, previa a cualquier demolición o rehabilitación, es ya un paso ineludible. La normativa obliga a realizarla antes de derribar las estructuras y bajo un protocolo validado por el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA). Solo después de completar ese proceso puede volver a construirse o rehabilitarse el inmueble.

«Desde hace un año, pero sobre todo en los últimos meses, es increíble el trabajo que hay», explica la directora general de operaciones de Resigal, Emma Patiño, una de las principales empresas gallegas en este tipo de actuaciones. Su plantilla, integrada por medio centenar de empleados, trabaja con cabinas de descontaminación en obra y equipada con EPI —equipos de protección individual— homologados, imprescindibles para manipular un material peligroso.

El auge tiene explicación técnica y normativa. Según Rafael Rodríguez Pillado, gerente de la empresa AGMA, dedicada a fabricar cabinas y unidades móviles de descontaminación, «algunas cubiertas están llegando al final de su vida útil y eso está disparando la demanda». Las placas de uralita, detalla, tienen una durabilidad de entre 30 y 40 años. Dado que el uso del amianto se prohibió en 2002, las construcciones de los años 60, 70 y 80 —especialmente alpendres, galpones y anexos rurales— se encuentran ahora en la fase final de su ciclo.

Rodríguez advierte, además, de que el problema no se limita al ámbito doméstico: «Hay colegios, juzgados y hospitales que siguen teniendo cubiertas o materiales con amianto, además de suelos de PVC y tuberías de abastecimiento de agua con este componente», aunque no revisten problemas.

La gestión del residuo plantea otro desafío. En Galicia existen aún pocos puntos autorizados de recogida y su manipulación exige conocimiento, por lo que se dan episodios de abandono ilegal en el monte. A ello se suma el aumento del coste de eliminación, que pasó de 65 euros por tonelada en 2012 a unos 250 en la actualidad, encareciendo el proceso y restando incentivos para gestionarlo.

Las directrices de 2024, revisadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y el Grupo de Trabajo Amianto del CNSST, del que forma parte el ISSGA, establecen nuevas obligaciones. La disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022 ordena que los ayuntamientos elaboren en el plazo de un año un censo público de instalaciones y emplazamientos con amianto, acompañado de un calendario de retirada. Dichos documentos deberán remitirse a las autoridades autonómicas.

La norma fija además que la eliminación en las instalaciones públicas con mayor riesgo deberá estar lista en 2028. Desde el sector se insiste, finalmente, en la necesidad de concienciar sobre los riesgos del amianto y otros contaminantes laborales, como la sílice cristalina, cuya exposición —advierte Rodríguez— «también puede provocar enfermedades graves, silenciosas y difíciles de detectar a tiempo».

Eduardo Alonso: «Para acceder a las ayudas a la rehabilitación de la UE se exige quitarlo»

El arquitecto, coordinador de la oficina de apoyo a la rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Eduardo Alonso Lois, indica que el aumento de fondos públicos destinados a la descontaminación ha tenido un doble efecto: acelerar la eliminación del amianto, pero también tensionar la oferta.

«Cada vez cuidamos más nuestras edificaciones. La conciencia de que los edificios que habitamos influyen directamente en nuestra salud, va calando», señala Alonso, quien recuerda que la retirada del amianto es uno de los requisitos (también) para acceder a las ayudas de rehabilitación de los fondos europeos Next Generation, con subvenciones de hasta 12.000 euros por edificio o 1.000 por vivienda.

El experto explica que la uralita se utilizó durante décadas por sus excelentes propiedades como material aislante, incombustible y resistente, aunque su composición incluye agentes cancerígenos de grado uno, lo que la convierte en un residuo peligroso. Según Alonso, el riesgo no está en su mera presencia, sino en su manipulación: «La friabilidad es la capacidad que tiene de desprender fibras, pero solo si se manipula. Si no se manipula, no genera problemas; puede estar en su sitio sin peligro alguno.»

El arquitecto recuerda que el amianto no se limita a las cubiertas, sino que también está presente en tuberías, canalones, chimeneas o persianas, y subraya que la legislación española es «muy garantista». Ahora, la Ley 7/2022 de economía circular obliga a separar el amianto en toda demolición, y desde el 1 de enero de 2024 estas deben realizarse de forma selectiva, clasificando los residuos por fracciones. Además, se establece que los concellos tienen un año para elaborar un censo e inventario de las edificaciones con amianto.

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