El absentismo escolar cae en picado tras dispararse en plena pandemia
Durante el curso pasado la Consellería de Educación abrió 163 expedientes por ausencias injustificadas | La Xunta atribuye este descenso a que el protocolo «funciona bien»

Alumnos de Educación Secundaria en un taller de ciencia. / Alba Villar
C. Villar
En general, «se cumple que, a mayor nivel de estudios, mayor tasa de actividad y empleo y menor tasa de paro». Lo defienden instituciones como la Fundación CYD y así lo consideran las autoridades, que buscan mantener al alumnado en el sistema educativo. El absentismo escolar sería uno de los factores vinculados al desapego del estudiantado por las aulas y de ahí la importancia de prevenirlo y de controlarlo. En Galicia, la Xunta atribuye a sus políticas y al buen hacer pedagógico de los centros el haber sido capaces de ir en la buena dirección: la cifra de expedientes abiertos por largas ausencias injustificadas en los colegios e institutos se ha recortado a menos de la mitad con respecto a 2020/21.
Durante ese curso en concreto la pandemia implicó establecer numerosas restricciones y desdoblamientos en los centros y el Gobierno gallego se vio obligado a impulsar comisiones específicas para evaluar, caso a caso, si debían acabar en los juzgados las situaciones de ausencias prolongadas de alumnos que alegaban «situaciones de vulnerabilidad en el domicilio familiar o miedo insuperable al contagio» a la enfermedad. Al final, según datos de la Consellería de Educación, ese ejercicio se cerró con 360 expedientes abiertos, la segunda cifra más elevada de una década en la que las investigaciones de faltas rozaron las 3.000. Durante el curso 2017/18 habían llegado a registrarse 435. En el curso pasado, 2024/25, en cambio, se alcanzó el dato más bajo de los diez últimos años, con 163 expedientes por faltar a clase, menos de la mitad de los anotados en 2021.
Desde Educación enfatizan, por un lado, que se trata de una cifra «residual», ya que el porcentaje de alumnado que protagoniza estos episodios representa alrededor del 0,07 por ciento de los matriculados en las etapas de Primaria, ESO y 1º de FP Básica de todos los centros de Galicia. En 2014 la cifra suponía el 0,2% de los inscritos en las etapas obligatorias, tres veces más. Resaltan además que las estadísticas del año pasado se sitúan incluso por debajo de 2019/20, cuando la supresión de clases presenciales a partir de marzo redujo los expedientes hasta los 170.
Para la Xunta, ese descenso es atribuible al Protocolo educativo para a prevención e o control do absentismo y al trabajo docente. «Está funcionando bien y desde los centros educativos se está llevando a cabo un trabajo pedagógico muy importante en este campo, así como en colaboración con otras instituciones, como la Fiscalía o los servicios sociales», argumentan.
El recurso a la Fiscalía se produce en los casos más graves y estos son una minoría, un aspecto que la Xunta también quiere destacar respecto al curso pasado: del total de 163 expedientes abiertos, 126 ya no fueron comunicados a la Fiscalía gracias al buen hacer de los propios centros con las familias. «Solo fue preciso trasladar 37», explican, es decir, menos de uno de cada cuatro casos.
En la actualidad, el protocolo de absentismo se activa cuando el alumno falta a clases sin causa justificada al menos un 10 por ciento del horario lectivo mensual. En la semana siguiente al momento en que esta cifra se rebasa, se activa el protocolo y se intenta solucionar el caso con la familia, primero por el tutor, después por la jefatura de estudios. Si no es posible, se da traslado a Inspección Educativa y al Concello correspondiente.
Educación se plantea ahora actualizar el protocolo para implementar «mejoras en el procedimiento», pero sin tocar el contenido. «Se va a digitalizar el procedimiento de control de absentismo, lo que permitirá simplificar y agilizar los distintos pasos que marca el protocolo, explican desde el departamento que dirige Román Rodríguez. Al tiempo, añaden, esa digitalización permitirá analizar e intercambiar datos con los integrantes de la comisión de seguimiento de absentismo (Fiscalía, servicios sociales...), lo que «redundará», sostienen, «en una intervención más ágil, precisa y garantista».
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