Galicia encabeza la lucha para reparar el expolio 50 años después de la dictadura franquista

El 20 de septiembre de 2020 es una fecha marcada en rojo en el calendario del memorialismo español. Un juzgado de primera instancia de A Coruña condenó a los descendientes del dictador Francisco Franco a devolver al Estado el pazo de Meirás sin derecho a percibir ningún tipo de indemnización. La sentencia, que estimó íntegramente la demanda de la Abogacía del Estado, colmó las expectativas de justicia y reparación de las entidades memorialistas e impactó en la línea de flotación de la dictadura al dejar en evidencia su corrupción sistémica, la ausencia de separación entre lo público y lo privado, entre el jefe de Estado y Franco, como resaltaban los peritos que declararon en el juicio.

La unanimidad institucional y política, el hallazgo por parte del Estado de la escritura de compraventa original y, especialmente, el trabajo callado y laborioso de investigadores como Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, autores del libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, fueron las llaves que devolvieron al pueblo la antigua residencia de veraneo del dictador, adquirida mediante cuestaciones forzosas en plena guerra civil, mantenida con fondos públicos durante toda la dictadura y que permaneció en poder de los Franco gracias a un título de propiedad fraudulento. La resolución judicial, muy matizada posteriormente por la Audiencia Provincial y pendiente aún de ratificación por el Tribunal Supremo, fue celebrada como un hito por los partidos políticos, las entidades memorialistas y situó a Galicia a la cabeza del movimiento por la recuperación de los bienes expoliados durante la dictadura franquista.

Las Torres de Meirás abrieron sus puertas como patrimonio público el 1 de julio de 2021 con una emotiva visita de familiares de los represaliados y un relato diametralmente opuesto al que había imperado hasta entonces en los recorridos por este Bien de Interés Cultural. Las palabras «expolio» y «represión» resonaron por primera vez intramuros de la antigua residencia de Emilia Pardo Bazán, entregada a Franco por la Junta Pro Caudillo en 1938 y convertida desde entonces en uno de los principales baluartes de la dictadura, «nueve hectáreas de impunidad franquista», en palabras de los colectivos por la recuperación de la memoria.

La recuperación de Meirás fue la victoria más importante, pero no la única que ha brindado Galicia al memorialismo. En julio de este año, el Tribunal Supremo hizo realidad una antigua demanda del Ayuntamiento de Santiago y condenó a los Franco a devolver dos esculturas románicas atribuidas al Maestro Mateo que formaban parte del conjunto escultórico del pórtico exterior de la catedral de Santiago.

Un «capricho» de la mujer de Franco, Carmen Polo, hizo que estas esculturas, retiradas del templo en el siglo XVI y adquiridas por el Ayuntamiento de Santiago como patrimonio artístico de la ciudad en 1948, pasaran a engrosar seis años después los bienes del dictador por decisión del por entonces alcalde de la ciudad sin que «mediara acuerdo alguno», según detalla la resolución judicial.

Otro ayuntamiento, en este caso el de A Coruña, ha dado los primeros pasos para intentar recuperar otra propiedad municipal que pasó a manos del dictador por expreso deseo de su esposa: la casa Cornide. Este palacete barroco enclavado en pleno corazón de la Ciudad Vieja fue adquirido por el Consistorio coruñés en 1962 mediante una permuta con el Ministerio de Educación, y ese mismo año, tras manifestar Carmen Polo su interés por disponer de una residencia en el centro, salió a subasta y fue adquirida por un prohombre del régimen, Pedro Barrié de la Maza, que se la vendió por un precio simbólico a la esposa del dictador. Las dudas que empañan la compra, unido al importante desembolso de fondos por parte del Ayuntamiento para cubrir la rehabilitación del inmueble, han llevado a A Coruña a iniciar la revisión de oficio de las decisiones adoptadas en 1962, paso previo imprescindible para reclamar por la vía civil la titularidad del bien.

La decisión de exigir en los juzgados la Casa Cornide se remonta a 2019, cuando fue adoptado el acuerdo por el pleno. Los trámites se han demorado más de lo previsto, pero se han dado otros pasos para abrir este inmueble a la ciudad, como su declaración como Bien de Interés Cultural, que ha obligado a los Franco a abrirlo a las visitas. Eso sí, vacío.

Será la Justicia la que determine el futuro de este palacete. También quien escriba la última línea sobre el pazo de Meirás. El Supremo se pronunciará en breve sobre el recurso de los Franco y el mundo del memorialismo cruza los dedos. La confirmación de la sentencia que arrebató As Torres a los descendientes del dictador sentaría un precedente para demandar otros bienes de titularidad dudosa por toda España.

El Estado ha dado el primer paso para declarar Meirás lugar de memoria democrática: un espacio para «recordar la rapiña de la dictadura». Queda un largo camino por delante para resignificar esta propiedad, uno de los símbolos más poderosos del franquismo.

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